09 de junio de 2017
09.06.2017
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Fiscalía Superior de Cataluña

El fiscal archiva la denuncia por coacciones contra los fiscales del 'caso 3%'

No halla pruebas de que José Grinda y Fernando Bermejo coaccionaran al empresario Pallardó

09.06.2017 | 18:35

La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la investigación que abrió a los fiscales del caso 3 % José Grinda y Fernando Bermejo a raíz de la denuncia que presentó contra ellos el empresario Rafael Pallardó, imputado en el caso Emperador, por coaccionarle para que incriminara a Jordi Pujol.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía ha archivado el caso, al considerar que no están probadas las coacciones de que Pallardó asegura que fue víctima por parte de los fiscales para que vinculara al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol con movimientos de fondos de la Banca Privada de Andorra (BPA).

En su denuncia, que también dirigía contra el fiscal Anticorrupción Juan José Rosa, el empresario aseguró que fue presionado por los fiscales para que involucrara a Pujol bajo la advertencia de que perdería los favores procesales que le habían prometido, por colaborar en el caso Emperador confesando que se dedicaba a llevar dinero de la red de Gao Ping al BPA.

Fue el fiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix, que dimitió la semana pasada tras hacerse pública su participación en una sociedad familiar radicada en Panamá, el que remitió la denuncia de Pallardó a la Fiscalía de Cataluña para que investigara a los fiscales, al apreciar posibles delitos de coacciones que, en su caso, correspondería enjuiciar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Fiscalía ha archivado el caso tras tomar declaración al propio Pallardó, que ratificó las coacciones denunciadas, y a los dos abogados que le acompañaban en la reunión con los tres fiscales, celebrada en marzo de 2015 en un despacho del ministerio público del Palau de Justicia en Barcelona.

Como ya hiciera ante Moix el pasado mes de marzo, Pallardó mantuvo ante el fiscal que Grinda y Bermejo le instaron a entregar unos correos electrónicos destinados a él, en los que la Banca Privada de Andorra le pedía que entregara unas cantidades de dinero a unas personas con las iniciales JP, JPM y JPmarta.

Según Pallardó, los fiscales le insistieron para que admitiera que esas iniciales correspondían al expresidente catalán Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola y se mostraron visiblemente airados cuando el empresario se negó a hacerlo, al tiempo que le advertían de que iba a perder los favores procesales que le habían prometido.

El empresario explicó a la Fiscalía Superior de Cataluña que colaboró en la investigación del caso Emperador sobre presunto blanqueo de capitales en la que está imputado, facilitando pistas que permitieron a la policía seguir el rastro de los movimientos económicos ilícitos.

Sin embargo, precisó que no estaba dispuesto a mentir sobre la identidad de JP, que según precisa no era Jordi Pujol sino un exdirectivo del BPA.

El empresario sostiene además en su denuncia que, ocho días antes de la reunión con los fiscales, su abogado le instó a viajar a Andorra para reunirse con un oficial de la policía del Principado, con el fin de colaborar con la justicia, garantizándole que, pese a que tenía prohibido abandonar el país por estar imputado en el caso Emperador, Grinda estaba al corriente de la situación.

Pallardó asegura que, una vez en la comisaría Andorrana, le tomaron declaración formal mientras recibía una llamada del fiscal general de Andorra que le transmitió el mensaje de Grinda de que cumpliría con lo prometido siempre que declarara en el sentido que interesaba a la policía andorrana.

Cuando acabó su declaración, añade el empresario, fue detenido un exdirectivo de BPA e intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA), propiedad de la familia Cierco, por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.

Por su parte, los fiscales denunciados siempre han negado las acusaciones de Pallardó y mantienen que este les exigió dinero de los fondos reservados a cambio de inculpar a Pujol.

Precisamente, Moix decidió el pasado mes de abril apartar del caso del 3 % sobre supuesto pago de comisiones a CDC a los fiscales Grinda y Bermejo, pero quedó en suspenso tras la reunión del Consejo Fiscal del pasado mes de mayo, a la espera de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, recabe más información sobre el relevo planteado.

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