Ley de Seguridad Ciudadana

El Congreso da el primer paso para deshacer la 'ley mordaza'

La Cámara Baja acepta las proposiciones de PSOE y PNV y abre un largo proceso parlamentario

21.03.2017 | 23:52
Gabriel Rufián, de ERC, interviene en el Congreso.

Diez infracciones y sanciones de la ley

  • Manifestarse sin permiso: de 30.001 a 600.000 euros. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas y las que tengan lugar en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones serán consideradas como infracciones muy graves "cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento". En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores.
  • Punteros láser: de 30.001 a 600.000 euros. Será considerada como una falta muy grave la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidente.
  • Protestas que "perturben" la seguridad ciudadana: De 601 a 30.000 euros. La ley perseguirá la perturbación de la seguridad ciudadana en "actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas", y también la que se produzcan con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y los parlamentos autonómicos, "aunque no estuvieran reunidos".
  • Negarse a identificarse: De 601 a 30.000 euros. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones así como la negativa a identificarse a requerimiento de ellos será considerada también como una infracción grave.
  • No colaborar con los agentes: De 601 a 30.000 euros. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana pasará a ser una infracción muy grave.
  • Consumir o disponer de estupefacientes: De 601 a 30.000 euros. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos.
  • Abandono de muebles o vehículos: De 601 a 30.000 euros. La obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos que ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana.
  • Botellón: De 100 a 600 euros. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos "cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana" será calificado como falta leve.
  • Perder el DNI tres veces en tres años: De 100 a 600 euros. La "negligencia en la custodia y conservación" de la documentación personal legalmente exigida considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en un plazo de tres años, pasará a ser falta leve.
  • Maltrato animal:  De 100 a 600 euros. También será considerada falta leve dejar sueltos o "en condiciones de causar daños" animales feroces o dañinos, así como maltratar cruelmente o abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida, o maltratar animales en espectáculos no autorizados legalmente.

El Pleno del Congreso ha dado este martes el primer paso para modificar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', al aprobar la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para proceder a su revisión.

La toma en consideración de ambas propuestas se ha debatido de forma conjunta, aunque no han logrado los mismos apoyos por las reticencias de Ciudadanos al texto de los socialistas, al considerar que pretendía una vuelta a la 'ley Corcuera' o de 'la patada en la puerta', por lo que se ha abstenido en la votación de la del PSOE.

A las dos se ha opuesto el PP, desde su convencimiento, según su diputado José Alberto Martín-Toledano, de que la actual norma "no ha generado problemas" y los ataques que ha recibido han sido más bien por "criterios de desgaste político" con argumentos de "manual partidista".

Con menos de dos años de vida, la ley, polémica incluso antes de nacer, no ha podido ser enterrada, como querían algunos grupos, y se someterá ahora a un trámite parlamentario para su modificación que partirá al menos de los 44 puntos que el PNV quiere retocar.

El PP no está de acuerdo con todos ellos, pero desde el Gobierno ya se había apostado por la iniciativa de los nacionalistas como punto de partida, como dijo en su día el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuya ausencia en el debate han criticado algunos portavoces.

El PSOE quiere la vuelta a la 'ley Corcuera' en tanto se aprueba un nuevo texto que, como poco, elimine las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, a las que se manifiestan ante el Congreso y el Senado y a las que utilizan imágenes de miembros de las policías.

También pide que se imposibiliten los registros personales en lugares públicos y se anule la consideración de infracción grave de las faltas de respeto a un autoridad pública o a un funcionario de las fuerzas del Estado.

El PNV propone reformar los apartados que obligan a comunicar a las autoridades las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se hagan en esos términos frente a las cámaras, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.

Sobre la libertad de expresión e información, el texto propugna la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Mikel Legarda, del PNV, ha dicho que la intención es equilibrar el binomio libertad-seguridad, porque la ley en vigor se ha convertido, ha subrayado, en "el derecho penal de la peligrosidad y la desconfianza".

Antonio Trevín, del PSOE, ha pedido el voto para la propuesta socialista frente una ley "nefasta" y de "pura paranoia autoritaria".

Unidos Podemos ha votado a favor de las dos, pero con la condición de negociar porque no jugarán" con los derechos fundamentales de los ciudadanos, según Eduardo Santos, que ha recordado las 6.217 sanciones impuestas en los seis primeros meses de aplicación de la ley y ha reprochado a los socialistas que miren al pasado en un ejercicio de "melancolía".

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha criticado el "afán" del PSOE de intentar cubrir el vacío legal que dejaría la derogación de la ley "volviendo a fantasmas del pasado".

Ciudadanos quiere que todos participen en la revisión de la ley y censura al Gobierno por "arrastrar los pies" y no haber sido él quien trajera a la cámara la propuesta de modificación a pesar de haber reconocido la necesidad de revisarla.

Rechao del resto de la oposición 


Por ERC, Gabriel Rufián ha criticado al PSOE por ese "ramalazo de dignidad" que podía haber tenido hace 25 años con la "ley Corcuera" y ha calificado la norma actual de una de las "mayores canalladas" del PP.

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez, no ha respaldado la derogación "sin alternativa" del PSOE y ha apoyado al PNV, y Carlos Salvador, de UPN, ha acusado a los socialistas de querer restar "espacio ideológico a Podemos".

Joan Baldoví, de Compromís, ha tildado la actual ley de "punitiva" y "abusiva", "a imagen y semejanza de un ministro y un Gobierno ultraconservadores para invisibilizar la protesta".

"Apostamos por una ley sin sanciones excesivas y que, en definitiva, no considere al ciudadano sospechoso habitual", ha defendido Sergi Mikel, del PDeCAT, al tiempo que Oskar Matute, por Bildu, ha apostado por el fin de la actual ley por "pisotear sistemáticamente la libertad en nombre de la seguridad".

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