Caso Nóos
La infanta Cristina, imputada por fraude pero no por blanqueo
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La Infanta Cristina podría enfrentarse a una petición de hasta 6 años de cárcel

La Audiencia de Palma levanta la imputación por blanqueo de la hermana del Rey, pero se la mantiene por dos delitos fiscales - Doña Cristina podría eludir el banquillo si el juez Castro decide aplicarle la doctrina Botín

07.11.2014 | 23:33

¿Qué es la doctrina Botín?

  • La llamada doctrina Botín fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el llamado caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Esa doctrina, que fue corregida por el propio Tribunal Supremo en 2008 con la denominada 'doctrina Atutxa', establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.

La Infanta Cristina podría enfrentarse a una petición de hasta seis años de cárcel por los dos delitos fiscales que pesan sobre ella en el marco del caso Nóos, solicitud que podría verse reducida si hace frente a las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda a través de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin.

Más en concreto, la Audiencia Provincial de Baleares, que este viernes ha confirmado la imputación de la duquesa de Palma por los anteriores ilícitos, la considera cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública -penados cada uno con entre uno y tres años de prisión- supuestamente cometidos por Urdangarin, quien habría utilizado esta mercantil como "pantalla" para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

Se trata de una figura jurídica, la del cooperador necesario, que conllevaría las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales en las que habría incurrido su marido. De hecho, el Código Penal, en su artículo 28, considera autor del hecho criminal no sólo a quienes cometen el delito por sí solos, sino también a quienes cooperan en su ejecución mediante una actuación sin la cual no habría sido cometido.

Al margen de la pena de prisión que se le podría solicitar, la Fiscalía Anticorrupción reclamará a la duquesa una fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, a la que deberá hacer frente de forma conjunta y solidaria junto a su esposo, por haberse lucrado de parte de los fondos que éste habría defraudado a través de Aizoon, que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.

El fiscal Pedro Horrach prevé incluir el nombre de la Infanta, junto a otros diez responsables civiles, en el escrito de acusación que presentará en próximos días para determinar definitivamente a quiénes acusa y qué penas solicita para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

El fiscal, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en esta supuesta trama de desvío de fondos públicos, considera que sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial urdido por su esposo.

Este viernes, la Audiencia Provincial de Palma ha comunicado que anula la imputación por blanqueo de capitales, pero mantiene el delito por fraude fiscal.

En cualquier caso, si se le aplica la doctrina Botín, la hermana del Rey Felipe VI podría eludir sentarse en el banquillo por el caso Nóos porque no la acusan ni la Fiscalía, ni Hacienda ni la Abogacía del Estado, sino solo Manos Limpias. Ahora será el juez José Castro el que decida si aplica o no la citada doctrina.

El auto emitido por la Audiencia de Palma añade el delito de blanqueo de capitales a Iñaki Urdangarín, Diego Torres y a la esposa de éste, Ana María Tejeiro.

La imputación de la Infanta por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

Y lo hizo al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.

El propio José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.

"Innegable e inobjetable"

El auto ha dictado considera "innegable e inobjetable" que la Duquesa de Palma, desde el momento en que era copartícipe de una sociedad "ficticia" -en alusión a Aizoon-, contribuyó a defraudar a Hacienda y además "se benefició de ello".

Así de tajante se expresa la Sala en el auto de 160 páginas, en el que deja a las puertas del juicio a la hermana del Rey Felipe VI como cooperadora necesaria de dos ilícitos contra la Hacienda pública.

La resolución judicial extiende estas apreciaciones a Ana María Tejeiro, esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres. De hecho, señala que si Aizoon y las empresas que Tejeiro compartía a su vez con su marido "eran simuladas, no hay duda que servían de instrumento o herramienta fiscal para ocultar las rentas obtenidas por sus maridos y en consecuencia para defraudar a Hacienda, tanto en renta como en sociedades".

Para ello, precisa, efectuaron contratos de trabajo falsos y se desgravaban gastos que no habían sido generados en el ejercicio del objeto de la sociedad -en el caso de Aizoon, en materia inmobiliaria-, sino que se trataba de gastos personales efectuados por ambos matrimonios.

En este sentido, la Audiencia prosigue que el dinero que recibía Aizoon -percibió más de un millón de euros de los fondos supuestamente ilícitos que cobró el Instituto Nóos de las Administraciones públicas- no se quedaba en su cuenta, sino que los Duques disponían del mismo sin que tampoco estas cantidades fuesen declaradas a Hacienda. De este modo, recalca, "también colaboraron en la ocultación de esos beneficios".

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