Investigación judicial

El Estado noquea a Roca

El juicio por la mayor trama de corrupción urbanística conocida en España arranca el 27 de septiembre

 15:01  

JOSÉ ANTONIO SAU / MÁLAGA Es 29 de marzo de 2006. Amanece pronto en Marbella. Un débil sol de primavera acaricia la privilegiada ciudad mientras que los turistas que deambulan por la plaza de los Naranjos a primera hora de la mañana no salen de su asombro al comprobar que varios furgones policiales rodean el Consistorio, mientras que agentes nerviosos entran y salen sin cesar de la casa consistorial transportando cajas de documentos. Esa misma escena se repite en plena Milla de Oro, donde se halla la delegación de Urbanismo; en Xarblanca, urbanización que acoge la casa de la alcaldesa Marisol Yagüe; en el edificio Poseidón, cerca del Palacio de Congresos, y en otras capitales españolas: en Madrid, por ejemplo, los investigadores registran con minuciosidad un despacho de abogados. El Estado noqueó esa fecha al alumno aventajado de Gil y a su organización: Juan Antonio Roca.

En ese momento nadie sabe que está asistiendo al estallido de una operación judicial que se convertirá, con el paso del tiempo, en el golpe más importante dado jamás contra la corrupción urbanística en España. El «caso Malaya» será impulsado por el juez Miguel Ángel Torres, un joven magistrado granadino que no salía de su asombro cuando tomó declaración al abogado municipal Jorge González. Era octubre de 2005, y éste le contó cómo Roca, un simple asesor de Urbanismo, manejaba a su antojo el Consistorio. Todos le obedecían. Ahí empezará «Malaya», cuyo juicio comienza el 27 de septiembre próximo, cinco años después de que se iniciase la instrucción del sumario.
La operación «Malaya» se completa con otros dos golpes policiales más: uno en julio de 2006, con treinta arrestos –en el que cae Julián Muñoz–; y otro en noviembre, con once arrestos.

Roca es la clave, la llave que une un entramado compuesto por 95 acusados. Y el soborno se convertirá en su herramienta preferida. Marbella funcionará, al menos durante los primeros años de este siglo, a golpe de dádiva. Aunque parezca complejo, la trama en sí misma es sencilla. Sin embargo, la facilidad con la que la policía y el juez desarmaron este castillo de naipes encierra, paradójicamente, la complejidad que entrañó este golpe al edificio que levantó Gil con sangre, sudor y pocas lágrimas.

El funcionamiento es sencillo: diecinueve promotores pagaron, entre 2002 y 2006, más de 33 millones de euros en sobornos al ex asesor. ¿Por qué? Porque si querían edificar en Marbella, fuera cual fuera la calificación de la parcela, había que pasar por caja. Y la caja estaba en Maras Asesores, la empresa oficiosa del murciano. Éste repartía después, por orden jerárquico, los sobres entre los diversos concejales: Marisol Yagüe, «su marioneta», cobraba más que nadie; los tenientes de alcalde como Isabel García Marcos o Carlos Fernández tampoco se quedaban atrás. Los ediles de base percibían menos. Así, en comisiones de gobierno y en plenos ajenos a la ley salían adelante convenios urbanísticos que reconvertían zonas no urbanizables en suelos susceptibles de ser construidos y acuerdos que daban luz verde a increíbles aumentos de edificabilidad. Eso sí, de esos 33 millones acreditados, sólo destinó al pago de los representantes del pueblo poco más de cinco. El resto era para su disfrute personal.

«Urbanismo a la carta»

No sólo «el urbanismo a la carta» movía el Ayuntamiento. También se hicieron chanchullos con la grúa, las vallas publicitarias, el alquiler municipal de vehículos o la concesión del servicio de autobuses. Es el empresario Ismael Pérez Peña, a quien el Consistorio le debe mucho dinero, el que pondrá contra las cuerdas a Roca. Está enfadado y quiere una acuerdo sobre la grúa sí o sí. Y rápido. La policía lo graba, sigue sus pasos. Y también escucha a Roca, a la alcaldesa, y a varios ediles. Las conversaciones telefónicas no dejan lugar a dudas. Marbella no es dueña de sí misma y hay que actuar: el 29 de marzo serán detenidas 21 personas. El ex asesor está en la cárcel desde entonces.

La moción de censura que descabalga a Julián Muñoz, que había cesado a Roca por exigencias de la Junta de Andalucía a cambio de elaborar un PGOU legal, se basa para el fiscal «en las expectativas de obtención de beneficio del ex asesor», mano derecha de Jesús Gil desde los buenos tiempos, cuando su partido arrancaba mayoría absolutas sin despeinarse. «Tenía una posición de dominio» sobre la corporación. Y toda actuación debía contar con su visto bueno.

Esos sobornos debían tener alguna salida, pero blanquear no es fácil. Primero se buscó, siempre según las tesis de la Fiscalía, un despacho madrileño que le dibujó una compleja estructura societaria en la que ocultar sus muchos bienes. Eran tantos que hasta hace unos meses nadie sabía en cuánto estaba valorado su patrimonio. La unidad familiar Roca–Jimeno ingresa, según el fiscal, 50.000 euros al año como mucho. Pero entre 1997 y 2005, el cartagenero tendrá una capacidad de gasto de 200 millones de euros, adquiriendo bienes inmobiliarios por 136 millones. Entre sus propiedades se encuentran un lujoso barco, un avión y un helicóptero; posee las fincas La Morisca, en Cádiz, La Loma, en Murcia, o La Talega, en Cartagena. Además dispone de chalés, casas y locales en Marbella, Sevilla, Madrid, Sotogrande, Mallorca e Ibiza. Asimismo, ha adquirido varios palacios para destinarlos a hoteles y lugares de eventos tales como el de Saldaña, el de Villagonzalo y el de Tepa. Promueve hoteles y diversas urbanizaciones.

Obras de arte

Gastará, además, más de 27 millones de euros en adquirir obras de arte, coches antiguos o carruajes de caballos. Coquetea con el cine, la caza y el deporte. «Ese patrimonio no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas», afirma el fiscal Anticorrupción.

Todo esos bienes se diluyen en la compleja red societaria. La base, el armazón, lo hará la firma jurídica madrileña, pero también recurrirá a brillantes letrados para elaborar el diseño exterior de su organización, de forma que hay ramificaciones de la misma en diversos paraísos fiscales.

Varios presuntos testaferros de gran talento sustituyen a los abogados madrileños: la inteligente Montserrat Corulla es la más destacada entre éstos, o el abogado Juan Hoffman, muñidor de los negocios en el extranjero. Los trasvases de dinero entre unas sociedades y otras eran muy habituales, sobre todo para esconder ese líquido. Las más de cien mercantiles se rigen por el principio de caja única, de forma que unas responden de las deudas de otras. El rastro del dinero es más difícil de detectar para la policía de esta forma. En total, hay 15 testaferros destacados y otros nueve que usará para negocios menores.

Muchas de las mercantiles serán usadas para adquirir o negociar con bienes municipales. El dinero blanqueado, consta en el escrito de acusación, asciende a 240 millones. Hoy hay 95 acusados, pero otras investigaciones se han desgajado del tronco común: la pieza de blanqueo en la que está imputada Isabel Pantoja, o el soborno de Roca al juez De Urquía.

  HEMEROTECA
  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA OPINIÓN DE ZAMORA |  LOCALIZACIÓN Y DELEGACIONES |  PROMOCIONES    PUBLICIDAD:  TARIFAS |  AGENCIAS |  CONTACTAR  
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondezamora.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
 


  Aviso legal
  
  
Otros medios del grupo
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Provincia  |  La Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad 2009