El Gobierno prohíbe la protesta de guardias civiles del día 18 por su «objetivo sindical»

Sorpresa de las asociaciones de agentes y oficiales, mientras el PP defiende su derecho a manifestarse

 
Rubalcaba, esta semana, en el Congreso de los Diputados.
Rubalcaba, esta semana, en el Congreso de los Diputados. Foto Efe

AGENCIAS/ EFE La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación convocada para el próximo día 18, sábado, por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) para exigir que su jornada laboral se equipare a la de la Policía Nacional. En su resolución, el Gobierno justifica su decisión diciendo que la marcha «tiene un objetivo inequívocamente sindical» y recuerda que los guardias civiles y sus asociaciones profesionales «tienen constitucional y legalmente prohibido el ejercicio del derecho de reunión y manifestación cuando su objetivo sea de carácter político o sindical».


AUGC y UO, que han anunciado a «Efe» que recurrirán la prohibición, calculaban que a la marcha -que debía terminar frente a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil- asistirían unos 20.000 guardias civiles. Un centenar de agentes se manifestó el pasado lunes en Madrid ante la sede del ministerio del Interior para pedir a su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, que atienda sus reivindicaciones. Los agentes habían sido amenazados con sanciones si, finalmente, ejecutaban la anunciada protesta. Interior ha decidido, pues, aumentar el nivel de presión sobre los guardias civiles.


La primera gran movilización de guardias civiles se produjo el 20 de enero de 2007, cuando miles de agentes, muchos de ellos uniformados, se concentraron en la Plaza Mayor de Madrid para reivindicar una ley de derechos y deberes, y un nuevo régimen disciplinario, que fueron posteriormente aprobadas. En aquella ocasión, Interior expedientó a 21 agentes que habían asistido de uniforme al acto.


Tras conocer la prohibición de la manifestación del próximo día 18, La AUGC y la UO expresaron su sorpresa y censuraron la decisión, que calificaron de «retroceso democrático». Las dos asociaciones contaron ayer con el apoyo del PP, que criticó la actitud del Gobierno y le pidió que cumpla los compromisos adquiridos con el Instituto Armado.


«No lo entendemos, es un retroceso democrático para la Guardia Civil, que no se merece esto», afirmó un portavoz de la AUGC. En representación de la UO, su coordinador general de Comunicación, Carlos Ramírez, enfatizó su sorpresa: «No lo esperábamos, se va a recurrir», dijo. Ramírez recordó la existencia de «una ley de derechos y deberes que permite mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles y que permite crear asociaciones para defensa de sus condiciones».


Por su parte, el portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ignacio Cosidó, calificó de fundamental el derecho a manifestarse y precisó que lo que tienen vetado los guardias civiles son las actividades sindicales, no las manifestaciones.

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