Los jueces exigen a Zapatero y otros políticos el «máximo respeto» a su independencia

MADRID, AGENCIAS El Consejo General del Poder Judicial exigió ayer «el máximo respeto, nacional e internacional, a la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales», tras las «comentarios y opiniones» de políticos españoles y extranjeros sobre las tres causas abiertas en el Tribunal Supremo contra el Baltasar Garzón y el auto en el que Eloy Velasco señala indicios de la cooperación de Venezuela con ETA y las FARC. Ningún nombre se menciona en la declaración institucional hecha pública después de que Zapatero hiciera una cerrada defensa de Garzón con elogio expreso a su «valentía «frente a ETA», en la línea abierta por los ministros José Blanco y Francisco Caamaño, quienes criticaron que se permita al cabecilla de la trama Gürtel querellarse contra el juez. Desde el PP, Federico Trillo y Rafael Hernando que acusaron al magistrado de «parcial» y de «delirar». El CGPJ también evita citar al mandatario venezolano Hugo Chávez y a su canciller Nicolás Maduro por sus ataques a Eloy Velasco, a quien el titular de Exteriores vinculó con el franquismo y «la mafia de Aznar». La declaración da «todo el apoyo y defensa» a magistrados y tribunales y reclama un «clima sereno» que «resulta difícilmente compatible con manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador» de la labor judicial» y además provoquen «la desconfianza en un poder básico del Estado». El órgano de gobierno de los jueces exige a los «responsables políticos» que hagan sus críticas «desde las coordenadas de máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin tratar de influir en los procedimientos judiciales en curso».
La portavoz del CGPJ , Gabriela Bravo, dijo que respeta las declaraciones del presidente Zapatero en apoyo de Garzón pero aseguró que ni las de él ni las de nadie «van a influir en el Supremo». Acto seguido tachó de «intolerables» las críticas que van más allá del legítimo derecho a la libertad de expresión y que constituyen un ataque a instituciones tan básicas como es el Poder Judicial. En ese ámbito enmarcó las descalificaciones venezolanas al juez Eloy Velasco. La Asociación Profesional de la Magistratura tachó de «irresponsabilidad absolutamente supina y difícilmente superable» la declaración del presidente a quien recordó que el juez de la Audiencia «no tiene más derechos que nadie» y añadió que «lo demás son comportamientos muy criticables sobre todo cuando vienen de un jefe del Gobierno» que en este caso ha actuado de una forma «gravemente irresponsable».