El Poder Judicial pone en marcha los trámites para suspender a Garzón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso ayer en marcha los trámites para suspender cautelarmente de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo, preguntando al fiscal sobre la procedencia de esta medida.

La decisión del CGPJ, adoptada por unanimidad por su comisión permanente, se produce después de que el alto tribunal rechazara archivar la querella en la que investiga a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y admitiera otra en relación con los cobros recibidos del Banco Santander durante su estancia en Nueva York.

En su informe, que, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, no es vinculante, el fiscal, previsiblemente, se opondrá a la suspensión de Garzón, ya que la postura mantenida hasta ahora por el ministerio público -según recordaron ayer fuentes de esta institución- es que el juez no ha cometido delito de prevaricación en ninguno de los dos casos.

El criterio seguido hasta ahora por el Consejo era acordar la suspensión de un juez contra el que se siga una causa penal sólo si la Fiscalía ejerce la acusación contra él, y el ministerio público no lo hace contra Garzón. Por ello, si finalmente el CGPJ decide suspenderle cautelarmente, sería la primera vez que lo hace por una querella de parte que no es respaldada por el fiscal y sin haberse dictado contra el juez auto de procesamiento.

El juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita fue suspendido en 2008 después de que fuera admitida la querella presentada contra él por retrasar el expediente iniciado por una mujer para adoptar a la hija de su compañera sentimental.

Ésta era la primera vez que el Consejo suspendía a un juez a partir de una querella de parte y no del propio fiscal, que, no obstante, en el juicio, sí acusó a Calamita.

En el caso del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, el órgano de gobierno de los jueces le suspendió en 1998, pero sólo tras el auto de procesamiento que se dictó contra él por prevaricación en el llamado «caso Sogecable», en el que la Fiscalía también acusó al magistrado.

En el caso de Garzón, el ministerio público ha pedido reiteradamente al Supremo que archive tanto la querella por prevaricación del sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, como la de dos abogados en relación con el dinero que percibió del Banco de Santander durante su estancia en Nueva York.

Entre tanto, la Audiencia Nacional ha revocado la conclusión del sumario instruido por el juez Santiago Pedraz contra los dos piratas detenidos por participar en el secuestro del pesquero «Alakrana» y ha ordenado al magistrado que lo reabra para determinar, entre otras cosas, si Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman pertenecían a una banda organizada.

Además, ordena hacer un examen forense a los tripulantes del atunero para determinar si sufren algún tipo de secuela física o psicológica como consecuencia del secuestro, lo que les permitiría reclamar posibles indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos.