Garzón pide que se anule el auto del instructor Varela

AGENCIAS El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó este miércoles un recurso de apelación contra el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela en el que éste confirmaba la existencia de indicios contra Garzón por un presunto delito de prevaricación relacionado con su investigación de las desapariciones durante el Franquismo. Calificó el auto de Varela de "insostenible", "infundado" e "incomprensible". Asimismo, Garzón solicitó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tome declaración a magistrados y juristas internacionales para probar su defensa. Por el momento, la Fiscalía no apoyará la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional mientras se tramitan los dos procedimientos penales admitidos a trámites contra él.

En un escrito de 46 páginas, el abogado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Gonzalo Martínez- Freneda lanza duras críticas al auto del juez Varela, que califica de "insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal".

El texto señala que el juez instructor del Tribunal Supremo se limitó a emitir "una sucesión de calificativos peyorativos" acerca de la conducta de Garzón, "a cual más injustificado", pero sin ofrecer ni "una valoración técnica jurídica" sobre su comportamiento.

El auto, agrega el recurso, se dedica a "descalificar todo el actuar del magistrado, con el que parece claro que no está de acuerdo". "pero no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador", remacha.

Para la defensa del magistrado, la clave está en que "se ha considerado inaceptable" que Garzón abriera una causa sobre los crímenes de la Guerra Civil y la posguerra y, a partir de ahí, todas las decisiones tomadas en el seno de esta causa "son valoradas en contra del juez, desde la peor de las diversas interpretaciones posibles".

"Omisiones y contradicciones" de un auto "parcial"

El escrito repasa algunas de las, a su juicio, "omisiones" y "contradicciones" en las que cayó Varela en su auto "selectivo y parcial". En concreto, le reprocha que guarde silencio sobre la querella presentada por Falange Española de las Jons, en la que acusaba a Garzón de "vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la humanidad", así como acerca del "rapto de los niños" durante la Guerra Civil y la posguerra.

Critica igualmente que Varela preguntara a Garzón sobre este asunto en su declaración del pasado 9 de septiembre ante el TS y, sin embargo, ahora estos "gravísimos hechos punibles jamás investigados" no aparezcan en su auto.

También se pregunta por qué no se alude a la supuesta vulneración de las normas de reparto de la Audiencia nacional, tema sobre el que se practicaron diligencias cuya motivación "todavía no se ha explicado". Este silencio, argumenta, sólo puede entenderse "como un desprecio hacia el resultado de cualquier diligencia que no vaya en la dirección de confirmar que todo, absolutamente todo lo hecho por Baltasar Garzón en su procedimiento odioso era irregular".

Además, el escrito recuerda por qué garzón asumió la competencia cuando recibió la denuncia de las asociaciones de la memoria Histórica sobre las desapariciones. Insiste así en que "se limitó a interpretar las leyes internas de conformidad con las normas del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, en la misma línea que lo hacen todos los países civilizados de nuestro entorno", como Alemania, Francia o Italia. "Somos el único Estado europeo que no osa investigar sus crímenes de guerra", lamenta.

Toma de declaración de magistrados internacionales

Entre los aspectos que solicita Garzón está la práctica de nuevas diligencias de prueba en su defensa, como la toma de declaración de destacados magistrados y juristas internacionales.

Su abogado alega que le objetivo es demostrar "la existencia de un debate acerca de la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas".

En concreto, pide que sea llamada a declarar como testigo la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.

También se solicita que declare el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país sudamericano, así como el que fuera juez de Instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres, Juan Guzmán Tapia. La lista prosigue con más nombres.

El abogado de Garzón pide también la declaración testifical de los tres magistrados de la Audiencia nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de este órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.

Declaraciones en el Congreso

Además, solicita que se remita un oficio al Congreso de los Diputados para que se entregue testimonio del Diario de Sesiones del 14 de diciembre de 2006 para mostrar que "tampoco existe contradicción ni incompatibilidad entre la ley de Memoria Histórica y el Código Penal para los autores de esa ley".

El abogado se refiere a una intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Cámara Baja, con ocasión del debate de la Ley de Memoria Histórica en la que "dejaba claro" que este texto y el Código Penal tienen cada uno" su campo de acción".

En el escrito recoge las palabras de De la Vega y, en concreto, cuando pidió que no se confunda el ámbito de esta ley -"que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctimas y de los españoles hacia todas las personas que sufrieron violencia" -y el del Código Penal, que es "una ley de justicia penal".

La Fiscalía no apoya la suspensión

La Fiscalía no apoyará la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón mientras se tramitan los dos procedimientos penales admitidos a trámite contra el magistrado ante el Tribunal Supremo.

Así se deduce de las manifestaciones realizadas este miércoles por el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, que recordó que el Ministerio Público no apoya ninguna acusación contra Garzón y que "el dictamen que se realice estará de acuerdo con las normas que hasta la fecha se han seguido" en este asunto.

"En principio no apreciamos que exista un hecho delictivo que permita justificar la acusación", continuó el fiscal general, para agregar que "el dictamen que se realice estará de acuerdo con las normas que hasta la fecha se han seguido".

Expedientes dañan "la imagen de la justicia"

Por su parte, la portavoz del Consejo general del Poder Judicial, Gabriela Bravo, defendió la decisión de este órgano de pedir informe a la Fiscalía sobre la procedencia de suspender al juez Garzón y afirmó que "para este país, cualquier expediente o procedimiento contra un juez supone una pérdida porque daña la imagen de la Administración de Justicia".

Añadió que esa circunstancia no se da únicamente cuando se trata de un caso como el de Garzón, "conocido no sólo nacional, sino internacionalmente", sino respecto a procesamientos contra cualquier juez o magistrado.