La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, descartó ayer que existan «contradicciones» en el Gobierno sobre la actividad de la economía sumergida y señaló «que no es momento de detenernos en estimaciones ni debates». De esta forma, De la Vega aludía a las declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien estimó que la economía irregular supone entre el 16% y el 20% del PIB y a la puntualización que le hizo la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.
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