La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que la propuesta del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de dificultar el empadronamiento de inmigrantes irregulares «es contraria a la ley» y, de concretarse formalmente, «intervendría el servicio jurídico del Estado».
De la Vega insistió en que la iniciativa no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, es contraria a la Ley reguladora de Bases del Régimen Local y a la Ley de Extranjería pero además, puntualizó, «no responde a los principios comúnmente aceptados por la inmensa mayoría de la sociedad española».
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, rebatió lo dicho por la vicepresidenta primera y subrayó que las medidas propuestas por Vic cumplen la ley de extranjería.
El consejero madrileño de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, negó «tajantemente» que Torrejón de Ardoz no empadrone a inmigrantes sin permiso de residencia, como quiere hacer Vic, y el PP advirtió de que la iniciativa del municipio barcelonés puede extenderse a otros municipios.
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