«Sólo ella es dueña de su propia vida»

L. Á. VEGA, OVIEDO El presidente del Congreso, José Bono; el ministro de Fomento, José Blanco; el de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el portavoz socialista en el Congreso, José Manuel Alonso, han manifestado que el Estado tiene margen para alimentar a la militante saharaui Aminetu Haidar, pero los expertos no lo tienen tan claro.
Es más, indican que alimentarla contra su voluntad, después de haber renunciado por escrito y ante notario a recibir cualquier asistencia médica, vulneraría su dignidad personal. En resumen, «sólo Haidar es dueña de su propia vida», según indicó el magistrado Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
«No hay nadie que pueda expropiarle algo que sólo a ella le pertenece, en términos morales, que es su derecho a la propia autodeterminación personal», indicó García. Incluso en el caso de que quedara sin voluntad por haber perdido la consciencia, Haidar ya ha expresado su voluntad anticipada e inequívoca de que no sea alimentada, tal como se recoge en el artículo 11 de la ley de autonomía del paciente, y tampoco podría ser alimentada.
Para Antonio García, no se puede extrapolar en este caso la doctrina de la alimentación forzosa de los presos, que se aplicó a 80 integrantes de los GRAPO y al etarra Iñaki de Juana Chaos, puesto que en estos últimos casos incide la obligación de la Administración penitenciaria de velar por la vida de las personas recluidas. Incluso esta doctrina, señala García, ha sido muy contestada por filósofos del derecho, como Manuel Atienza, quien ha afirmado que «si un recluso quiere acabar muriendo, no hay tribunal o persona que pueda entrometerse».
García añadió que «no hay Estado que pueda decidir qué es lo mejor para una persona, y entenderlo de otra manera es entrometerse en la autonomía personal, por muy fuerte que esto pueda parecer».
Para el magistrado, en este caso, «hay un principio jurídico que no tiene naturaleza derrotable, como es la dignidad de la persona, y no puede aceptarse la teoría del mal menor». Admitir que «un Estado, por razones que no se sabe cuáles son, puede obligar a alguien a vivir, me parece una injerencia de una gravedad extraordinaria», finalizó.