MADRID,AGENCIAS
El titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha imputado al secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, para interrogarle en relación con una querella del centro Jurídico Tomás Moro, que le acusa de delitos de prevaricación y malversación por la concesión de dos ayudas de 60.000 y 18.000 euros a la Fundación Alternativas, a la que pertenece el propio Garrido.
El juez exime a los querellantes de la prestación de una fianza para ejercer la acusación al considerar su personación comprendida en el artículo 281.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, al considerarlos como «ofendidos».
Según los denunciantes, la conducta de López Garrido supone un claro conflicto con las normas y, teniendo en cuenta que la presidencia española de la UE comenzará el 1 de enero de 2010, solicitan la dimisión del secretario de Estado para «transmitir a los españoles la imagen de un Gobierno alejado de todo tipo de corrupción y sospecha».
El problema radica en que López Garrido figuró en la fundación hasta el 24 de mayo, y el sostiene que abandonó en abril de 2008. Las subvenciones se dieron el 22 de julio de ese año y el 14 de mayo de 2009. La Fundación Alternativas próxima al PSOE explicó que López Garrido presentó su renuncia como patrón mediante una carta al presidente de la institución el 21 de abril de 2008 y que se trata de una venganza del centro querellante que ve a esta fundación como inspiradora de la ley del aborto. Diego López Garrido, aseguró ayer que «no» ha «quebrado para nada» la ley al firmar la concesión de esas dos subvenciones, añadió que él no va a dimitir porque la querella «no tiene ningún fundamento ni la más mínima base legal» y que está muy tranquilo. Explicó que cuando firmó las subvenciones ya no formaba parte del Patronato, del que se dio de «baja» siete días después de su nombramiento.
Preguntado por el método en el que se dio de baja -el querellante sostiene que ni los Estatutos de la Fundación ni la ley contemplan la «autosuspensión» sino que es necesaria una resolución judicial- López Garrido indicó que no conocía otra forma. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega se limitó a decir que el Gobierno «confía en que todo esto se aclare muy pronto. Desde el PP, Carlos Iturgaiz pidió al PSOE que use con López Garrido la misma vara de medir que exigió en el «caso Gürtel».
