Cuatro acusados de corrupción dejan la cárcel tras pagar 1.125.000 euros

La fiscalía envía a Anticorrupción otros tres «pelotazos», dos de ellos vinculados con empresas de la trama catalana

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BARCELONA, AGENCIAS El gerente de los Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Pasqual Vela, y los tres empresarios en la «Operación Pretoria», Luis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, quedaron ayer en libertad después de abonar con avales bancarios las fianzas que Baltasar Garzón les impuso el viernes.
El global de las fianzas ascendía 1.125.000 euros: 25.000 de Vela; 100.000 del consejero delegado de Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, y a 500.000 tanto del presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana, como de Josep Singla, de Proinsa. En prisión incondicional siguen Alavedra, Prenafeta, el alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC y cerebro de la trama, Luis García Sáez, alias Luigi.
Muñoz y Dobarco renunciaron ayer a sus cargos en el consistorio y en el partido socialista, poco antes de que el PSC enviara un mensaje de «tolerancia cero» con la corrupción al confirmar la «suspensión preventiva» de militancia de ambos así como del director de servicios Pasqual Vela. El líder de CiU, Artur Mas, adoptaba también una decisión similar («muy dolorosa», dijo) contra Prenafeta y Alavedra.
La Fiscalía de Cataluña ha enviado a Anticorrupción otros tres informes sobre «pelotazos» en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), dos vinculados a empresas de los detenidos. La nueva documentación se añade a la que Garzón requirió sobre un convenio urbanístico firmado en 2005 con la empresa Niesma, que preside el cerebro de la trama, Luis García, con el que ganó al menos dos millones por la recalificación de los terrenos de Can Riviere. Por otra parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, afirmó ayer que tomará medidas para «evitar que se vuelva a repetir» el trato dado a los detenidos del caso Pretoria, a los que se pudo ver esposados durante su traslado. Para Juanes, la protección de la imagen de los detenidos «tiene que darse en todos los casos, independientemente del delito y de la naturaleza del delincuente».

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