MADRID, AGENCIAS
El Gobierno dio ayer su visto bueno a embarcar agentes de seguridad privados, equipados con armas militares, en los atuneros que faenan en aguas del Índico. Los guardias privados podrán portar y usar metralletas de tipo medio y rifles de asalto de hasta 20 milímetros, armamento no permitido hasta ahora para este tipo de agentes por la legislación española.
El Consejo acordó remitir con carácter urgente al Consejo de Estado el decreto que reforma los reglamentos de seguridad privada y de armas, según informó la vicepresidenta De la Vega, quien indicó que los reglamentos modificados se aprobarán la próxima semana.De la Vega mostró igualmente su apoyo y solidaridad con los tripulantes y familiares del atunero vasco «Alakrana», secuestrado a principios de mes cuando faenaba a la altura de las costas de Somalia, en cuya liberación, dijo, se trabaja «sin descanso en todos los frentes».
Representantes de las principales asociaciones de congeladores y atuneros, tras reunirse con responsables del Ministerio de Defensa, anunciaron que los agentes de seguridad privados se embarcarán dentro de unos quince días en los pesqueros.
Mientras el Ejecutivo tomaba esas medidas, cientos de personas se manifestaban en Bermeo (Vizcaya) para pedir la liberación del «Alakrana» y otras tantas lo hacían en la pontevedresa Bayona. En Bermeo la concentración fue convocada por el Ayuntamiento local y los de Mundaka, Santurtzi, Sestao y Ondarroa, en los que residen ocho marineros vascos secuestrados. En Bayona, la convocatoria representaba a los municipios de Bayona, Nigrán, Gondomar, Oya y Sanxenxo, de donde son originarios varios de los tripulantes del barco capturado por piratas somalíes.
La dimensión judicial del secuestro sufrió ayer numerosos vaivenes, protagonizados por el pirata detenido, «Abdu Willy», quien anoche volvió a dormir en un centro de menores, en el que permanecerá en régimen cerrado 15 días prorrogables, a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva qué juzgado debe asumir la causa. Esta es la decisión adoptada como medida cautelar por el Juez Central de Menores, José Luis Castro, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazase a primera hora de la mañana ser competente en el caso, ya que, aseguró, no le consta que el pirata sea mayor de edad.