BARCELONA, AGENCIAS
La Fiscalía presentó ayer el anunciado recurso contra el auto de libertad dictado el pasado lunes para el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y volvió a pedir prisión incondicional para él y su mano derecha, Jordi Montull, al considerar que existe riesgo de fuga por su actual disminuido «arraigo» social y la posibilidad de disponer de un gran cantidad de dinero. El fiscal cifra ahora en veinte millones de euros el dinero que calcula que retiraron en metálico y sin justificar en los últimos cinco años.
Para el Ministerio Público, la «parte del león» de los fondos desviados eran las retiradas de dinero en efectivo sin justificar, que los imputados aseguran que eran para pagar en negro a cantantes e intermediarios, algo que la Fiscalía apunta que es mentira, recordando que Montull admitió ante el juez que no apuntaban esas retiradas y que lo fiaban todo a la memoria.
En el recurso, la fiscalía sostiene que ambos imputados pueden tener una gran capacidad económica que les permitiría huir de la justicia, recordando, además del dinero en metálico desviado, irregularidades publicadas en la prensa como sus cuentas en Suiza, las bodas de hijas de Millet pagadas por el Palau o la «percepción injustificada de primas o estipendios, no se sabe porqué gestión».
El fiscal se pregunta si todos estos hechos y la caja fuerte de Millet con 1,8 millones de euros en billetes de 500 «no son datos relevantes de los que inferir una capacidad suficiente para desaparecer si así lo desean». La Fiscalía también argumenta que la confesión de Millet «no es espontánea», sino que «resulta deliberadamente sesgada e incompleta», al no explicar todos los delitos cometidos, con el objetivo de «confundir al instructor» y conseguir no ingresar en la cárcel.
Además, considera que la sola confesión no es determinante para diluir la posibilidad de fuga. Al justificar el posible móvil de una fuga, apunta a la gravedad de la pena que podría recaer sobre Millet y Montull, que eleva hasta 22 años de prisión, al incluir en las acusaciones el delito de malversación de caudales públicos, estudiado por la Fiscalía. Mientras, continúan las repercusiones del caso en la vida política catalana, ya que están sobre la mesa los 630.000 euros recibidos desde 1999 por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), a través de la Fundación Trias Fargas, de manos de Millet.
El líder de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona y dirigente de CDC, Xavier Trias, dio buena muestra de la crispación reinante al asegurar que oír la «mentira» de que la Fundación financió su precampaña de las municipales de 2007, le exige un «acto de autodisciplina». Sin embargo, admitió, el miércoles estuvo «a punto de insultar a un concejal» barcelonés, algo que, dijo, los políticos deben evitar.
Por su parte, el presidente de CiU y secretario general de CDC, Artur Mas, acusó al PSC de iniciar una fase de «desgaste» contra la federación nacionalista «a cualquier precio». Según Mas, ante la posibilidad de que CiU pueda gobernar en Cataluña, las fuerzas contrarias actúan «con más contundencia».
Mas declinó valorar las manifestaciones hechas el jueves por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien opinó que el «caso Palau» es un «suma y sigue» de otros casos de corrupción vinculados a CiU. El líder de la federación nacionalista manifestó: «Viniendo de Villarejo, no me sorprende nada».
La Fundación Trias se reveló en los últimos años de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, aseguró ayer «El País», como una de las vías más rápidas para conseguir tratos favorables. El 80% de las empresas que le aportaron dinero obtuvieron a corto plazo contratos públicos, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro, según se desprende de las cuentas hechas públicas por la propia Fundación.