Arenys dice que habrá una reacción en cadena si prohíben el referéndum

EFE El letrado del consistorio, el ex conseller de ICV Salvador Milà, ha defendido hoy la legalidad del acuerdo municipal que daba apoyo al referéndum, después de que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 14 de Barcelona lo suspendiera a raíz de un recurso presentado por la Abogacía del Estado.

En su alegato, el abogado ha asegurado que, independientemente de la decisión judicial, la plataforma que promueve el referéndum de Arenys lo mantendrá el próximo domingo y que su prohibición no hará más que provocar una "reacción en cadena" con iniciativas similares en otros municipios catalanes.

Ante lo que ella misma ha tildado de "amenaza", la juez ha avisado entonces al abogado de que todas las entidades y personas están obligadas a colaborar para hacer cumplir la ley.

En una intervención poco habitual en una sala de vistas, que ha justificado por la presencia de "un público no experto", la magistrada ha afirmado que, pese a que "la carga emocional que tiene la materia es válida", el asunto en liza es "estrictamente jurídico".

En la vista, en la que sólo el consistorio ha expuesto sus alegatos porque los de la Abogacía del Estado están recogidos en el recurso, Milà ha considerado que en este caso se ha producido "un malentendido" en la interpretación de un acuerdo municipal que era un simple "apoyo político a una legítima reivindicación ciudadana".

De hecho, ha insistido, el Ayuntamiento no convoca la consulta, ni facilita el censo municipal ni personal del consistorio para su celebración, sino que se limita a dar apoyo "político e ideológico" a la reivindicación de los organizadores y a cederles una sala polivalente donde habitualmente se celebran todo tipo de actos ciudadanos.

En este sentido, el abogado ha recordado que históricamente se han llevado a cabo consultas ciudadanas de todo tipo, como contra el ingreso de España en la OTAN o a favor de la cesión del 0,7% del PIB al Tercer Mundo, con el apoyo municipal e incluso en jornada electoral sin que esos referendos hayan sido prohibidos.

"Porque todo el mundo sabía que eso no era un referéndum, sino un acto reivindicativo", ha señalado Salvador Milà, que ha invocado el principio constitucional de autonómica local para defender el derecho del Ayuntamiento a aprobar resoluciones políticas, aunque éstas excedan de sus competencias.

En opinión del abogado, numerosos ayuntamientos han aprobado resoluciones a favor de la Constitución o el Estatut, en contra del terrorismo o la guerra de Irak o para exigir la salida de España de la OTAN, "y nunca el Estado los ha impugnado".

A su juicio, "tanta política puede hacer el presidente o la vicepresidenta del Gobierno como un ayuntamiento o un pleno municipal".

"Hace cuatro días se nos ha dicho que todo cabe en la Constitución y por métodos democráticos", ha recordado Milà, que se ha preguntado por qué en Cataluña se nos impide hacer "algo que en el País Vasco se saludaría como un avance democrático".

La juez, sin embargo, ha atajado esa línea argumental del abogado al recordarle que el debate jurídico sobre la legalidad del referéndum sería el mismo si la consulta fuera porque el Ayuntamiento quiere cambiar la edad mínima para conseguir el permiso de conducir.

Las intervenciones de la magistrada, que en breve dictará una resolución judicial sobre si mantiene o no la suspensión del acuerdo municipal, han motivado la queja del abogado de Arenys, que las ha interpretado como "un pronunciamiento que supone un anticipo a su resolución".

Por su parte, el alcalde de Arenys, Carles Móra, que ha asistido a la vista, ha mantenido que con su iniciativa el consistorio está defendiendo el derecho de expresión de los ciudadanos de esta población y de toda Cataluña.