Zapatero reclama responsabilidad al PP tras la denuncia de espionaje de Cospedal

AGENCIAS Teguise / Madrid,
El Gobierno y el PSOE respondieron ayer en tromba a las acusaciones lanzadas el jueves por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien denunció en entrevista con Efe escuchas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» sobre corrupción y a destacados dirigentes de su partido. Juces y policías también replicaron a las palabras de la «número dos» popular, por considerar que, además de al Gobierno, pretenden desacreditar al poder judicial.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reclamó a los dirigentes del PP que tengan «sentido de la responsabilidad» en sus declaraciones porque en España, afirmó, «afortunadamente tenemos una justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de derecho». En rueda de prensa en Teguise (Lanzarote), donde se encuentra de vacaciones, Zapatero rechazó entrar en más comentarios sobre las acusaciones: «Deseo quedarme ahí», concluyó. Preguntado sobre si se ha puesto en contacto con el líder del PP, Mariano Rajoy, tras conocer el contenido de la entrevista, señaló que no, explicando que Rajoy está de vacaciones y que él respeta su descanso.
Horas antes, en declaraciones al diario «El País», el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, dio un ultimátum a Cospedal en nombre de su partido: «El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política. Una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes».
La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, pidió al PP que se baje de la «barricada» en la que está subido y deje de cuestionar el sistema con declaraciones como las de Cospedal. Valenciano emplazó al PP a decidir si aspira a ser «un partido responsable, serio e institucional o si va a seguir, para tratar de que no se hable de lo suyo, subido a una especie de barricada».

Malestar judicial y policial
La dirigente socialista achacó las afirmaciones de Cospedal a un doble objetivo: que no se hable de la corrupción de la que se acusa a miembros del PP y dificultar la investigación de la trama del «caso Gürtel». Para Valenciano, estos dos objetivos son «muy graves y peligrosos en democracia» si para conseguirlos se siembran dudas sobre cuerpos institucionales como la policía o los fiscales. Para Valenciano, en la medida en que nadie desde el PP desmiente las afirmaciones de Cospedal, todos sus dirigentes se hacen «corresponsables». El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, consideró, por su parte, que el PP debería «poner en manos de la Justicia española» cualquier «duda que exista» sobre supuestas escuchas ilegales. De Rosa también se pronunció sobre aspectos del «caso Gurtel» y aseguró que la supuesta amistad entre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa, es la normal entre cargos institucionales y «no íntima».
Las asociaciones de jueces también se pronunciaron y pidieron a De Cospedal que pruebe sus acusaciones, presentando una denuncia judicial, o que rectifique sus palabras. Asociaciones consultadas por la agencia Efe criticaron que la secretaria general del PP desvelara hechos en los medios de comunicación y no a través de una demanda en los tribunales.
«Es una denuncia absolutamente gratuita que mancha a una institución del Estado», dijo el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Gimeno. «Si se acusa a los jueces, al Ministerio Fiscal o a la Policía, la verdad es que desconocen el procedimiento porque ninguno de ellos podría intervenir sin la autorización judicial», apuntó Gimeno.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, consideró de «gravedad inusitada» que la secretaria general del PP se refiriera a España como un «Estado policial» que lleva al Gobierno a «utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI». El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, calificó las declaraciones de «torticeras» y «falsas», e instó a Cospedal a que presente pruebas o se retracte.
Desde el campo de las fuerzas de seguridad, los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP negaron la participación de cualquier agente del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque este tipo de intervenciones deben contar siempre con la autorización de un juez para evitar la vulneración de derechos fundamentales.