AGENCIAS
Palma,
La segunda bomba que ETA puso en Calvià (Mallorca) se encontraba bajo el asiento del copiloto y fue detonada por los artificieros, poco tiempo después del estallido del primer artefacto. Su peso era de unos tres kilos y apenas tenía diferencias con la que causó la muerte de los dos guardias civiles. Mientras, la banda podría disponer de un informante en Mallorca. Se trata de la persona que pasó a los autores del atentado de la pasada semana datos minuciosos sobre el cuartel de Palmanova.
Por otro lado, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario en el sector, mostró ayer su apoyo a los guardias civiles en su demanda de mayor seguridad en las casas cuartel y consideró que si esto no es posible se deberían agrupar o cerrar porque «cientos» de ellas «viven en condiciones tercermundistas». De esta forma, el SUP se adhiere a la petición planteada el martes por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria también en el instituto armado, que advirtió de que movilizarán de forma masiva a los agentes del cuerpo y a sus familias si no se atienden sus demandas para «subsanar las graves deficiencias de seguridad que existen» en los cuarteles.
Ayer el sindicato policial se alió con los guardias civiles y con cualquier medida de presión que inicie la AUGC en demanda de mayor seguridad para las casas cuartel, aunque si ello no fuera posible, «por las razones que sea», ha pedido que se agrupen o se cierren, porque «no se pueden mantener en el siglo XXI fórmulas del siglo XIX, cuando el desplazamiento era a pie o en burro».
Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos mantiene conversaciones con organismos oficiales para «limitar» las plazas de aparcamiento junto a edificios oficiales con el fin de reducir el riesgo de atentados. Así lo aseguró ayer en declaraciones a los medios de comunicación el alcalde en funciones, Javier Lacalle, quien reconoció que el objetivo es reducir o limitar las plazas de aparcamiento cercanas a edificios oficiales de la ciudad.
Con esta medida, según ha detallado, se persigue reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de atentados terroristas. Uno de los edificios donde se baraja la posibilidad de limitar los aparcamientos cercanos y la zona de carga y descarga habilitada es el Palacio de Capitanía, sede de la Comandancia Militar de Burgos, situado en pleno centro histórico de la ciudad. Estas actuaciones se analizan tras el atentado con una furgoneta bomba cometido contra la casa cuartel de Burgos durante la madrugada del pasado miércoles.
Sobre los daños originados por el atentado, el Consorcio de Seguros ha comenzado a pagar algunas de las indemnizaciones, mientras los guardias civiles y sus familias afectados continúan alojados provisionalmente en dependencias militares de la ciudad.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Venezuela denegó la extradición del etarra Ignacio Echeverría por haber prescrito el delito de asesinato por el que se le acusaba desde España.