-¿Qué retos se plantean de cara a este nuevo curso 2017-2018?

-Al principio de curso lo que nos ha planteado más problemas es el nuevo sistema de adjudicación de interinidades. Se trata de un sistema ágil y novedoso, pero los maestros y profesores tenían sus dudas, al enfrentarse a un sistema informático en el que no quedaba nada registrado físicamente, sino que se grababa y se enviaba directamente al sistema. Eso les provocaba un poco de apuro y zozobra, porque no podían comprobar si lo habían realizado correctamente.

-¿Qué valoración realiza del número de alumnos que existe en la provincia?

-Somos la única provincia de Castilla y León que ha perdido alumnado, aunque haya sido mínima, de un 0,3% con respecto al pasado curso, así que no es tan mala noticia y únicamente se ha cerrado una unidad de Primaria en Pereruela. Cuando realizamos las visitadas a los centros rurales, vemos que las escuelas se están quedando en el límite y centros que hace un año o dos tenían alrededor de 15 alumnos, se están reduciendo a ocho. La previsión es que cada vez vaya menos gente, así que tenemos que arbitrar alguna medida para repoblar la zona rural.

-Otra realidad se percibe en la Formación Profesional, con el incremento de grados cada curso.

-Esa es una buena noticia, se apuesta por la FP porque el 80% de los alumnos en seguida entran en el mundo laboral, algo que no ocurre con aquellos que optan por una formación universitaria.

-Los últimos informes sobre educación sitúan a Zamora y Castilla y León entre los mejores del país, ¿es para sentirse orgulloso?

-De ello habrá que dar gracias a los profesores que trabajan en condiciones no muy favorables, con reducción de plantillas, tasas de interinidad muy altas y sueldos congelados.

-Uno de esos problemas, el de la interinidad, ¿se podrá solventar con la convocatoria de oposiciones para Secundaria el próximo año?

-Hay una muy buena previsión de oferta para Secundaria de 1.500 plazas en Castilla y León. Lo bueno es que este año ha salido la oferta en septiembre, lo que le da tiempo a los opositores para prepararse y no esperar al mes de febrero o marzo, a ver si convocaban o no. Esa práctica habitual les restaba tiempo para prepararse para el examen. Se trata de una muy buena noticia, pero hay que tener en cuenta llevamos muchos años de congelación de ofertas y de tasa de reposición mínima al 10%, con lo cual la pérdida de puestos ha sido mucho mayor que lo que van a ofertar.

-¿Al menos los interinos tendrán la oportunidad de mejorar su situación?

-Se trata principalmente de reducir la tasa. En Castilla y León se calcula que existe en torno a un 20% y se quiere reducir hasta el 7%. Es una vía para meter a gente que a fina pueda tener su garantía jurídica y sus puestos estables. Por otra parte, la idea que se pretende en la región es que, a nivel nacional, todas las provincias y regiones convoquen a la vez, que no haya este batiburrillo de comunidades que convocan en Primaria y Secundaria, mientras otras congelan convocatorias y eso provoca un movimiento de gente de un lado a otro. Esta situación provoca un efecto llamada que hace llegar a la comunidad un montón de aspirantes toda España. Pero, por otra parte, nosotros no podemos ir ni a Cataluña, ni a Valencia, ni al País Vasco ni a Galicia por el tema del idioma.

-¿Habría una solución viable para ese problema añadido del idioma?

-Los sindicatos estamos en contra, porque pensamos que el idioma tiene que ser, si acaso, un mérito y no un requisito. Hace tiempo los profesores podían ir a una comunidad a presentarse y el examen era en la lengua oficial, aunque el requisito era que en dos o tres años adquirieran el nivel de la lengua vernácula. La actual situación a los castellanos y leoneses nos provoca un filtrado tremendo, mientas que además recibimos de todos los lugares de España.

-¿Cuáles son las principales demandas de los docentes al inicio de curso?

-En principio existe un problema que viene de los equipos directivos de los centros y que se centra en la cantidad de carga burocrática que entra, puesto que hay un montón de nuevos programas, proyectos, cambios de modelos y programas informáticos. Tienen que estar continuamente reciclándose y si cambia se encuentran con multitud de procesos administrativos, lo que les lleva mucho tiempo. Los profesores nos cuentan, a veces con cierta vergüenza, que no les da tiempo a preparar sus clases y que su labor principal es educar. En el caso de los colegios de la zonas rurales, están los temas de las itinerancias, los desplazamientos y las compensaciones horarias por ellos, lo que es un poco complejo.

-¿Qué les parece la guía para los deberes que se ha lanzado desde la consejería de Educación?

-Desde el principio exigimos respeto a la labor docente y a la libertad de cátedra, además de reclamar colaboración entre familia y escuela. Eso es algo fundamental, porque los profesores llevan toda la vida educando y poniendo deberes, pero parece que la problemática surgió de un día a para otro, el pasado mes de noviembre, cuando comenzó la campaña de la Confederación de Padres que pedía el boicot e insumisión a las tareas escolares. El debate tiene que ir sobre ver la necesidad de introducir un poco de racionalidad en los deberes, pero también hay que reconocer los beneficios, tal y como dice la propia guía, de aprovechamiento, hábito de estudio, fomento del esfuerzo personal o planificación. Además, en las encuestas que se adjuntan en la guía se observa que una gran parte de las familias, el 84%, considera útil los deberes, igual que los profesores y los niños.

-¿La escuela pública sigue teniendo su peso en la sociedad?

-Somos un sindicato exclusivamente dedicado a la defensa de la escuela pública, porque creemos que tiene una alta calidad educativa, unas altas tasas de titulación y bajas tasas de abandono. Y no ha sido una prioridad del actual gobierno, y más desde la Lomce. Estamos sufriendo una disminución de plantillas, abuso de la tasa de interinidad, las condiciones laborales son precarias y desde ANPE siempre hemos reclamado, incluso hicimos varias campañas, de mayor reconocimiento para la escuela pública. Con la Lomce se vio más privilegiada la enseñanza concertada, incluso se habló de la cesión de suelo público para fines privados. Por otra parte, como creemos que los profesores de la pública son muy válidos, porque siguen un proceso de oposición y reciclaje, planteamos que ya que la escuela concertada recibe profesores pagados con nuestros impuestos, aquellos que estén en la lista de interinos tengan la opción de entrar en esas aulas, a través de un acuerdo, pero que al menos tengan una opción.