AGENCIAS.
Rawalpind.- El presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, declaró ayer el estado de excepción en el país, pocos días antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la legalidad de su reciente reelección como jefe del Estado.
Horas después, Musharraf prometió que las elecciones generales previstas en un principio para enero de 2008 se celebrarán finalmente y que, tras las mismas, se restaurarán las garantías democráticas suspendidas ayer. El general aseguró que el país vive una coyuntura «peligrosa» y que los extremistas islámicos estaban amenazando su autoridad.
Según el texto que proclama el nuevo orden y suspende la Constitución de 1973, la medida responde a «un visible incremento de las actividades de extremistas y de ataques terroristas», además de a la «creciente interferencia por parte de algunos miembros de la judicatura en la política del Gobierno».
Ello «ha debilitado» al Ejecutivo, además de «desmoralizar completamente» a las fuerzas de seguridad y las agencias de Inteligencia, a las que «se les ha impedido perseguir a terroristas», añade el texto.
También acusa a miembros del poder judicial de haber ordenado la liberación de «núcleos duros de militantes» que posteriormente «han estado implicados en atroces actividades terroristas».
«Algunos jueces, sobrepasando los límites de su autoridad judicial, han tomado funciones ejecutivas y legislativas», afirma la orden, y concluye que, en vista de que «la Constitución no ofrece soluciones a esta situación, no hay más salida que la de adoptar medidas extraordinarias».
El anuncio se difundió poco después de que todas las cadenas privadas de televisión vieran suspendidas de improviso sus emisiones, mientras se restringieron también algunos medios electrónicos y las comunicaciones telefónicas en Islamabad. De forma simultánea, efectivos del Ejército y paramilitares se desplegaron en puntos clave de la capital, entre ellos el edificio del Parlamento, el de la radio y la televisión estatal y el del Tribunal Supremo.
En este último se habían reunido el presidente del alto tribunal, Iftikhar Chaudhry, y otros ocho magistrados, que declararon inconstitucional el nuevo orden proclamado por Musharraf antes de ser puestos «bajo custodia» por fuerzas gubernamentales. Varios efectivos de las fuerzas de seguridad se llevaron a Chaudhry y a los otros ocho magistrados a un lugar que no ha sido revelado, según fuentes judiciales.
Musharraf nombró, casi de inmediato, al juez Hameed Dogar nuevo presidente del Tribunal Supremo en sustitución de Chaudhry, quien a principios de este año fue la cabeza visible de un movimiento de oposición sin precedentes.
La imposición del estado de excepción supone, entre otras cosas, que los magistrados del país deben prestar de nuevo juramento ante el presidente antes de poder ejercer de nuevo sus funciones. Ello significa, en la práctica, el bloqueo del caso abierto contra Musharraf en el Supremo, que analizaba estos días la legalidad de su reelección como presidente, el pasado 6 de octubre, y tenía previsto pronunciar su veredicto la próxima semana.
La ex primera ministra y líder opositora Benazir Bhutto pisó anoche suelo paquistaní en el aeropuerto de Karachi apenas unas horas después del pronunciamiento. Según los analistas, el objetivo de Bhutto es desafiar abiertamente el estado de excepción, que deja en el limbo el acuerdo para una transición alcanzado entre ella y Musharraf a principios de octubre.
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