AGENCIAS
Teherán,
La ciudadana francesa Clotilde Reiss —empleada de la Embajada francesa— y el jefe de la División Política y de Seguridad de la Embajada británica en Teherán, Hosein Rasam, reconocieron ayer, en el juicio que se sigue contra ellos en la capital iraní, su implicación en los disturbios registrados tras las elecciones presidenciales del 12 de junio y pidieron al tribunal disculpas y clemencia por los «errores» cometidos. Francia y Reino Unido han protestado por el proceso, al considerarlo «inaceptable» y basado en acusaciones «infundadas». Tanto Reiss como Rasam están acusados de incitación al desorden público. Además, Reiss ha sido formalmente acusada de amenazar la seguridad nacional iraní, un delito que podría ser penado con cinco años de cárcel, al igual que el espionaje del que se acusa a Rasam. Sin embargo, si se les declarase «mohareb» (enemigos de Dios), la pena podría ser la muerte.
Ambos participaban en «un plan de la oposición y los países extranjeros para derrocar al régimen», según el fiscal, Abdolreza Mohabat, citado por la agencia semioficial de noticias Fars. Mohabat acusó a las autoridades británicas y estadounidenses de haber desempeñado un papel en los «disturbios», en los que, también según Mohabat, murieron 30 personas. «Algunos diplomáticos británicos tomaron parte en reuniones ilegales en Teherán», según el fiscal. Rasam, según medios oficiales iraníes, ha confesado haber formado parte, a instancias del Gobierno británico, de una campaña para alimentar las protestas, manteniendo contactos con la oposición, sobre todo con el principal rival del presidente Ahmadineyad en los comicios, el derrotado Mir Hosein Musavi. Rasam reconoció que recabó información sobre los disturbios que entregó a las autoridades estadounidenses. Reiss también admitió haber estado presente en un episodio de protestas en la ciudad iraní en la que impartía clases de francés, Isfahan. Posteriormente, siempre según su confesión, entregó «un informe» sobre los disturbios a la Sección Cultural de la Embajada francesa en Teherán, dirigida por el secretario Nazak Ashfar, quien también está siendo juzgado.