La crisis económica, que ha interrumpido la contratación de nuevos profesores en la universidad pública española ha acelerado el envejecimiento de los campus, donde sólo el 6% tiene menos de 35 años, según el documento 'La renovación de los claustros ¿Una oportunidad para diseñar la universidad del siglo XXI?', publicado por la Fundación de Estudios Económicos de Economía Aplicada (FEDEA), tras reunir a un panel de expertos.
El trabajo señala que la situación existente aboca a una renovación de plantillas en un futuro "no muy lejano", lo que constituye tanto "un serio problema" como una "excelente oportunidad" para dotar de un nuevo impulso a al sistema universitario público.
Así, indica que las universidades públicas cuentan con 96.214 docentes, de los que dos tercios de los funcionarios tienen más de 50 años y casi el 70% de los contratados más de 40 años. Entre los funcionarios, la edad media es de 53,4 años, que sube a los 58 entre los catedráticos de universidad y de escuela universitaria y baja a los 51 entre los profesores titulares, mientras que entre los contratados es de 45 años.
La edad media de los ayudantes y ayudantes doctores es de 37 y 39 años respectivamente, muy elevadas para un perfil de profesores en formación. "La universidad pública española tiene un problema de envejecimiento de sus claustros cuyas causas y consecuencias merecen atención", sostiene la autora.
En el seminario de FEDEA los expertos proponen poner en marcha, "cuanto antes", una buena política de contratación para la renovación "en profundidad" de la Universidad, que, según señalan se traduciría en una "mayor diversificación" de su oferta formativa y de investigación, en la "redefinición" de sus titulaciones de grado y en la "potenciación" de escuelas de posgrado "competitivas" internacionalmente.
Para ello, proponen un modelo de reforma adaptado por las universidades, dado el carácter heterogéneo del sistema español; la libertad "completa" de contratación, que requiere evaluación externa de agencias internacionales o bien a través de indicadores objetivos, que hoy en día "no existen y deberían implantarse".
Asimismo, proponen que el actual sistema de acreditación debería ser "abierto, público y transparente"; y distinguir entre universidades 'docentes' e 'investigadoras', que siguen prácticas competitivas de selección de nuevos profesores.
Entre dichas prácticas destacan la contratación abierta, publicada en los medios y foros habituales de contratación de cada disciplina, con participación de comisiones de evaluación internacionales; la oferta de contratos temporales de 5-6 años, con posibilidad de que se transformen en indefinidos, como el anglosajón, previa evaluación por comités internacionales; o el principio del 'up or out' (ascenso o cese) si se supera o no la evaluación tras unos años de contrato temporal.
Los expertos apunta, que el aumento de fondos disponibles y el levantamiento de las actuales restricciones legales a la contratación debería vincularse al cumplimiento por parte de las universidades docentes y de las de investigación del ajuste de la oferta-demanda de titulaciones, para las primeras, y a la implantación de prácticas de contratación abiertas y competitivas a nivel internacional para las segundas.
