El problema de la vivienda ha saltado del centro al extrarradio. De las grandes ciudades al resto urbano del país. En los últimos cuatro años ha subido de media un 18%, con porcentajes muy superiores en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Es, en gran parte, por los fondos de inversión; son los dueños de la mayoría del parqué inmobiliario español, convirtiendo el sector en un oligopolio que impone subidas en los precios del alquiler.

Precisamente, la Mesa del Congreso deberá pronunciarse este martes sobre el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya tramitación el Ejecutivo rechaza tramitar por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década.

La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social.