El PSOE ha presentado dos proposiciones no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados proponiendo al Gobierno la recaudación de 10.000 millones de euros mediante la creación de un nuevo impuesto de grandes fortunas y una reestructuración del Impuesto de Sociedades, según ha explicado la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

Según explican los socialistas en una nota de prensa, durante los últimos años "la presión fiscal se ha reducido de forma extraordinaria, hasta el 32,9% del PIB, lo que supone estar ocho puntos por debajo del promedio de la Eurozona", lo que hace necesario revisar el modelo impositivo y también "mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal".

Así, el PSOE propone modificar el Impuesto de Sociedades para limitar la caída de la recaudación por este concepto -que según datos de la Agencia Tributaria ha pasado de 44.823 millones en 2007 a los 16.198 millones previstos para 2010- y crear una nueva figura que grave las grandes fortunas.

En concreto, los socialistas reclaman al Ejecutivo central que sustituya el actual Impuesto sobre el Patrimonio por un Impuesto sobre las Grandes Fortunas en un máximo de tres meses para que pueda entrar en vigor a lo largo del presente ejercicio presupuestario.

Este nuevo impuesto deberá "gravar la capacidad económica derivada de la riqueza, independientemente de dónde esté invertida, de acuerdo con una serie de criterios", si bien tiene que incluir "mínimos exentos en las cuantías necesarias para excluir a los contribuyentes con un patrimonio medio, así como la titularidad de la vivienda habitual hasta el valor máximo que se determine".

Así, podrá contemplar "gravámenes diferenciados según la naturaleza o valor unitario de los bienes, de tal forma que se sometan a mayor tributación los que son de carácter suntuario, que pongan de manifiesto una elevada capacidad económica".

En total, el PSOE prevé recaudar unos 3.000 millones de euros con esta medida, y pide que el 50% sirva para financiar a las comunidades autónomas, y que el 75% de esa cantidad transferida tenga "carácter finalista para sanidad, educación y servicios públicos esenciales".

Además, el PSOE reclama "cuantas provisiones sean necesarias" para evitar la evasión a través de paraísos fiscales o mediante la utilización de "sociedades mercantiles instrumentales o entidades de cualquier naturaleza o tipo, incluidas las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)".

Por su parte, los socialistas también han propuesto una actualización del Impuesto de Sociedades para "garantizar que se pueda implantar un mínimo fiscal para que todas las sociedades paguen tipos similares y reestructurar las deducciones, que hacen que haya un trato muy diferenciado entre pymes --que pueden acogerse a menos deducciones-- y grandes empresas, generando fuerte desigualdad", en palabras de Soraya Rodríguez.

Concretamente, proponen "establecer una cuota mínima alternativa sobre el resultado contable positivo, limitar la deducibilidad de los gastos financieros en los grupos de sociedades, asegurar la correcta valoración de las operaciones vinculadas, corregir los abusos que puedan producirse en la deducción por doble imposición, limitar los beneficios fiscales, en especial en relación con el fondo del comercio, y modificar el régimen de exención de dividendos de fuente extranjera".

Según los cálculos del PSOE, estos cambios permitirían ingresar en las arcas públicas 7.000 millones adicionales, y además reequilibraría los beneficios fiscales desde las grandes empresas a las pymes, para que "ambas paguen tipos efectivos similares y más cercanos al tipo nominal".

Con estas dos medidas se conseguirían 10.000 millones de euros más que servirían para cubrir el "agujero" detectado por el PSOE en las cuentas del Ejecutivo central sin tener que subir impuestos de forma generalizada y recurriendo a una vía diferente de los recortes de servicios públicos o de los copagos.