La agencia de calificación Moody´s ha rebajado la calidad crediticia de Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, y ha puesto en revisión con perspectiva de rebaja las de Galicia, Madrid, Extremadura y País Vasco. Esta actuación de Moody´s se produce después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles.
La agencia de calificación explica que las rebajas se producen en función de la débil perspectiva económica de España y por la incertidumbre sobre la capacidad de las comunidades autónomas para hacer frente a sus deudas.
La deuda a largo plazo de Castilla y León pasa de Aa2 a Aa3 con perspectiva negativa, manteniéndose en el último peldaño del segundo grado de calificación de la agencia (Aa1, Aa2 y Aa3), que se refiere a deuda de alta calidad, pero susceptible de riesgos a largo plazo. La Comunidad se aleja así de la máxima calificación de calidad (Aaa) y se acerca peligrosamente al tercer nivel (A1,A2 y A3), de «grado medio-alto» con elementos actuales que sugieren un deterioro a largo plazo.
El informe explica la rebaja de un grado en el caso de Castilla y León refleja la preocupación de Moody´s por sus importantes obligaciones comerciales. La agencia indica que aunque la perspectiva financiera global de la Comunidad sigue garantizando una valoración Aa, «su amplio stock de obligaciones comerciales en el sector sanitario y la ausencia de planes claros sobre cuándo o cómo van a ser afrontados han impactado de una forma negativa en su valoración».
La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, explicó que el anuncio de rebaja por parte de la agencia, de la deuda española, tiene consecuencias lógicas en los territorios, que no pueden tener una calificación muy superior al Estado al que pertenecen.
Hernández recalcó que en esta situación, Castilla y León está haciendo «lo acertado», que es cumplir los objetivos déficit y controlar su deuda, para transmitir confianza a los mercados a los que acude para financiarse.
Moody´s alerta sobre las presiones de financiación a las que se enfrenta España, que, añadió, podrían aumentar.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige a España medidas adicionales para equilibrar sus cuentas públicas y recuperar la economía. El último informe del organismo plantea una mayor «flexibilización» del despido y nuevas políticas contra el déficit público: subir más el IVA y los impuestos especiales (sobre todo el de los carburantes), recortar las inversiones y reducir más los sueldos de los funcionarios. También advierte de que la presión por el temor al contagio de los países rescatados puede trasladarse a la economía real.
El informe anual sobre España del FMI alaba la recuperación gradual de la economía del país, pero indica que no es suficiente para rebajar la «inaceptable» tasa de paro. Y aunque el proceso de consolidación fiscal «va encaminado», el FMI advierte de que «la mitad de gobiernos regionales» no alcanza los objetivos fiscales.
El organismo internacional alerta, además, de que en el corto plazo las condiciones financieras podrían deteriorarse aún más, por las preocupaciones sobre la deuda soberana de la zona euro.
La institución internacional advierte en las conclusiones recogidas en el «Artículo IV» que España no debería frenar el impulso reformador con vistas a recuperar la confianza de los mercados, ya que «no está fuera de la zona de peligro» y aún persisten muchos de los desequilibrios y debilidades estructurales acumulados durante los años de «boom» económico.
