Estas subvenciones podrán alcanzar hasta un máximo de 600 euros por solicitante, sufragando el 30 por ciento de los honorarios facultativos devengados como consecuencia de la realización del informe de la inspección.
Esta medida pretende ayudar a cumplir el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que establece la necesidad de que las viviendas con más de 40 años de antigüedad, ubicadas en municipios con más de 20.000 habitantes, superen las pertinentes revisiones que garanticen sus condiciones de habitabilidad para los ciudadanos castellanos y leoneses.
