Banco Base era el proyecto que iba a reunir a Cajastur, Caja Cantabria, Caja Extremadura y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en un Sistema Institucional de Protección (SIP). Sin embargo, ese proyecto murió este miércoles, y lo hizo prácticamente antes de nacer. Los problemas de solvencia de la alicantina implicaron un cambio de planes: las asambleas de las otras tres cajas rechazaron la segregación de sus negocios financieros a la nueva entidad. El Banco de España les reclama que presenten un 'plan B' "inmediatamente".

as asambleas generales de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura votaron este miércoles en contra de la integración en Banco Base. Los problemas de solvencia de la cuarta caja del SIP, la CAM, las empujaron a tomar esta decisión, a pesar de que María Dolores Amorós, directora general de la entidad alicantina, afirmaba horas antes que sus números figuraban "en las actas de Banco Base" desde hacía "meses".

La bancaria sostenía entonces que lo que ha cambiado era "el escenario financiero y las exigencias del Banco de España y del Gobierno, no los números de la CAM". Estas variaciones "ya se conocían cuando se aprobaron los proyectos de segregación", que "fueron captados como irreversibles por los socios".

Sin embargo, el último informe de gestión de los estados financieros de la entidad recogidos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) afirma que la caja alicantina cerró el primer semestre de 2010 con una morosidad del 4,66 por ciento. Una vez integrada en Banco Base, afloró una tasa de impago cercana al 9 por ciento.

La confianza de Amorós, que esperaba que sus 'socios' cumplieran "lo firmado", se frustró más tarde. Una vez se dio a conocer el fracaso del SIP, la entidad no pudo más que lamentar, "profundamente, la decisión" y anunciar que "ha comenzado a estudiar con sus asesores las consecuencias jurídicas (...) y los derechos que le puedan corresponder por la ruptura de los acuerdos".

CAM efectuará "todas las reclamaciones que procedan". Como ya anunció Amorós, considera que "no se ha producido ninguna circunstancia nueva". Además, Modesto Crespo, presidente, convocó al Consejo de Administración para analizar las posibilidades de asociación con otras entidades o de captación de recursos. Aunque no hay fecha, fuentes cercanas dijeron que el consejo podría celebrarse este mismo viernes.

La caja "continuará adelante con Banco Base". Aunque, ha realizado "esfuerzos hasta el último momento para lograr culminar el acuerdo", se sabe que ya ha mantenido contactos en con otras entidades, entre las que figuran Banco Mare Nostrum, Santander, BBVA, Popular y La Caixa.

Como recuerda en el comunicado, ésta es "la única caja de ahorros que cotiza en Bolsa y, por tanto, está obligada a la transparencia y sometida a continuas auditorías por parte de los organismos reguladores". A pesar de ello, sus problemas de solvencia hacen que sus 'socios' prefieran operar como entidades independientes, explicaron fuentes financieras.

A partir de ahora, tendrán que enviar sus cuentas, de manera aislada, al Banco de España. Poco después de que se diese a conocer la no-fusión, la entidad pidió a Cajastur, Caja Cantabria, Caja Extremadura y a la CAM que le comuniquen "inmediatamente" qué estrategias van a seguir a partir de ahora.

Los ex socios necesitan un 'plan B'. El proyecto de capitalización que Banco Base remitió el 28 de marzo al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez "ha quedado sin efecto".

Las asambleas no desean emprender un negocio abocado a la nacionalización. Banco Base había solicitado 2.784 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Necesitaba esta cantidad para cumplir con las nuevas exigencias de capital. La cifra duplica las necesidades de 1.447 millones que identificó el Banco de España, debido a la elevada morosidad y a la exposición inmobiliaria de la CAM.

La nueva solicitud de fondos públicos elevaba el recurso global al dinero de público hasta 4.231 millones de euros, con los que los integrantes de la unión pretendían encarar también las próximas pruebas de estrés a las que se someterá el sistema financiero español a petición europea. Con todo, el Estado se iba a convertir en el mayor y principal accionista del SIP.

En base a esto, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura dieron marcha atrás a la fusión. Pudieron hacerlo porque aún no habían entrado en vigor la mutualización de los beneficios y las garantías recíprocas de las cajas iban a integrar el grupo.

Con esta decisión, protagonizaron el primer fracaso de un proyecto de fusión emprendido por los órganos de gobierno de las cajas en la reestructuración. A la vez, mandaron al traste una operación que iba a dar lugar a la tercera caja española, con activos por valor de 125.000 millones de euros.