J. L. S. MADRID, AGENCIAS/EFE
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite los recurso que interpusieron por separado Comisiones Obreras y UGT contra el recorte salarial de los empleados públicos que aprobó la Secretaría de Estado de Hacienda el pasado 25 de mayo. Los sindicatos valoraron muy favorablemente la medida. Comisiones señaló que es un paso más para tratar de que «se restablezcan los derechos retributivos de los empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa de confiscación de sus salarios; decisión que consideramos absolutamente inconstitucional».
El pasado 20 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó una rebaja en el sueldo de los funcionarios de entre el 0,56% y del 7%, dentro de un paquete de medidas para ajustar el déficit público.
Se da la circunstancia de que la sección de la Audiencia Nacional que ha admitido a trámite los recursos es la misma que dictó sentencia contra la congelación salarial a los funcionarios llevada a cabo por el Gobierno del PP en 1996.
Mientras los sindicatos exigen al Gobierno que recapacite en su postura de reducir los salarios a los empleados públicos, la patronal reclamó más medidas de «gran calado» para recortar más el gasto público. Entre ellas, la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE), que preside Gerardo Díaz Ferrán, exigió una reducción del número de funcionarios empezando por los menos productivos, permitir la participación de empresas privadas en la prestación de servicios públicos o la privatización de empresas públicas deficitarias. A juicio de la patronal, estas propuestas, junto a otras como la reducción de impuestos, especialmente los que gravan el ahorro, son «imprescindibles» para que se restaure la credibilidad de la economía y de sus cuentas públicas, ya que considera que las medidas que ha adoptado hasta el momento el Gobierno son «insuficientes».
La dirección de la organización empresarial entregó ayer el documento en el que se recogen estas medidas al presidente del Ejecutivo nacional, José Luis Rodríguez Zapatero.
En el texto, los empresarios explican que es «preciso» reorientar el gasto público y dejar que la sociedad decida cuáles son las actuaciones fundamentales que deben realizar las administraciones para «reducir o abandonar» aquellas que son secundarias.