A más CO2, más «viñeta»

AGENCIAS/ M. M., MADRID, OVIEDO El Gobierno prevé modificar el impuesto de circulación que cobran los ayuntamientos, conocido popularmente como «viñeta», para que paguen más los vehículos que más contaminen, sustituyendo el sistema actual de abono en función de la potencia fiscal. El secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, confirmó que ya se ha enviado la propuesta a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y aunque eludió concretar fechas sobre la entrada en vigor de esta modificación, mostró su confianza en que sea «pronto».
Ocaña señaló, en un encuentro con empresarios de Aragón, que «no se trata de subir el impuesto, sino de ajustar lo que cada uno paga a lo que contamina». Una medida en línea con lo que se ha hecho con el impuesto de matriculación.
El Gobierno negociará con los ayuntamientos, a los que tiene cedido la popular «viñeta», pero según Ocaña, será una negociacion de «naturaleza técnica», porque los municipios «en general, están de acuerdo y conformes con la modificación».
Ocaña apoyó un acuerdo global a este respecto porque «lo más razonable es una visión de conjunto y hasta que no se culmine ese planteamiento no saldrá adelante, aunque no plantea muchos problemas».
El alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda no se atrevió a concretar una fecha de promulgación de la definitiva reforma del Impuesto de Circulación.
El impuesto de circulación, que en realidad se denomina impuesto sobre vehículos de traccion mecánica, se creó hace casi 20 años y los ayuntamientos tienen capacidad para fijar la tarifa dentro de unos márgenes. Eso se traduce en enormes diferencias entre municipios, hasta el punto de que se han registrado cambios de empadronamiento de automovilistas a municipios con menor presión fiscal. La medida que estudia el Gobierno supondrá acabar con esos «paraísos fiscales».
La asociación de consumidores Facua advirtió ayer de que los vehículos que más emisiones de CO2 emiten son los más antiguos, y suelen corresponder, generalmente, con las rentas más bajas. «Se puede penalizar a quien no tiene culpa de que su coche contamine», alertó Facua.
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, indicó a Europa Press que debe establecerse una línea de corte para que el cambio fiscal no afecte a los propietarios de coches antiguos, que «no tienen culpa» de que su vehículo tenga elevadas emisiones, ya que cuando lo compraron «ni siquiera se hablaba de este tema».
Según Sánchez, si el impuesto se aplica para todos los conductores, se repercutirá a algunos automovilistas una carga fiscal «de la que no son responsables».
Por otro lado, el portavoz de Facua expresó su preocupación ante la posibilidad de que algunos ayuntamientos aprovechen la modificación fiscal para intentar incrementar su recaudación. En todo caso, Facua considera que el cambio planteado por Hacienda es una fórmula «más justa de cara al futuro».
«Pequeños ajustes»
Por otro lado, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, limitó a «pequeños ajustes» la negociación con los grupos parlamentarios sobre los cambios fiscales que podrían introducir los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2010 respecto a lo aprobado por el Gobierno, y rechazó que vaya a haber grandes modificaciones.
«No creo que vaya a haber modificaciones de carácter estructural o grandes modificaciones, pero un pequeño ajuste ocurre todos los años y no es algo que nos parezca mal», reiteró Ocaña, que participó en los desayunos informativos de Aragonex.
El secretario de Estado, quien eludió concretar aspectos como el mantenimiento de la deducción de 400 euros para las rentas bajas, afirmó que la subida impositiva que contemplan las cuentas públicas de 2010 son las que el Gobierno considera «oportunas», si bien admitió que los grupos parlamentarios tienen la capacidad de introducir las modificaciones que estimen oportunas. «Ya veremos», reiteró. Ocaña, que destacó que los Presupuestos de 2010 son los que necesita la economía española en este momento, indicó que la subida «moderada» del IVA que recogen —dos puntos del tipo general (18%) y uno del reducido (8%)— no tendrá «ningún efecto adverso» sobre el empleo, dado que no entrará en vigor hasta el segundo semestre de 2010, cuando la economía estará ya «en condiciones de afrontar este aumento sin que se resienta el mercado laboral».
Sostenibilidad de las cuentas públicas
En este sentido, justificó el incremento de impuestos y el «esfuerzo» que tendrán que realizar los ciudadanos para volver a reconducir la sostenibilidad de las cuentas públicas, «gravemente dañadas» como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y por los estabilizadores automáticos.
«La sostenibilidad de las cuentas públicas es crucial para la estrategia de salida de la crisis», añadió Ocaña, tras reiterar que será imprescindible que las comunidades autónomas hagan también «una parte de este esfuerzo» para conseguir el reequilibrio del presupuesto público, ya que por cada euro que gasta el Estado, las comunidades gastan más de dos.
También resaltó la importancia de la Ley de Economía Sostenible como herramienta para conseguir el cambio de modelo productivo, y destacó que en materia impositiva, no incorporará «ninguna alteración drástica de las grandes figuras impositivas actuales», sino que se limitará a introducir «algún tipo de incentivo fiscal» en materia medioambiental.