MADRID, AGENCIAS
El Gobierno socialista estudia, a propuesta de IU e Iniciativa per Catalunya, una subida del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) para las rentas más altas, así como mantener la deducción de 400 euros para las más bajas, que incluiría en los Presupuestos Generales para el próximo año. La propuesta que realizó la coalición al Ejecutivo en una reunión celebrada esta semana es la de elevar del 43% al 45% el IRPF para las rentas más altas, a partir de un umbral que podría ser de 50.000 euros anuales. El PSOE también acepta «estudiar» la progresividad de la ayuda de 2.500 euros por nacimiento y adopción en función de la renta, y que la supresión de la deducción de 400 euros no se aplique para los ingresos más bajos. Los socialistas buscan de esta forma nuevos apoyos para poder dar luz verde a sus cuentas. Lo que hasta el momento sí ha dejado claro el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, al resto de partidos es que no hay posibilidades de gravar más a las Sicav (Sociedades de Inversión), ni rectificar la subida del IVA.
De hecho, la patronal española (CEOE) advirtió ayer de que la subida de impuestos que contempla el proyecto de la Ley de los Presupuestos para 2010 «obstaculiza» la salida de la crisis y consolidará «niveles más elevados de gasto público». Según la CEOE, las cuentas «no responden a la difícil situación económica» ni impulsan un nuevo modelo de crecimiento, por lo que consideró que «no son un punto de partida para reconducir las finanzas públicas a una senda de sostenibilidad presupuestaria». La dirección de la patronal advirtió de que la «orientación no es la adecuada» ya que los Presupuestos no «ajustan» el déficit público ni facilitan la actividad empresarial para crear empleo. En este sentido, resaltó que el aumento de impuestos producirá una «reducción del peso del sector privado a favor del sector público» y criticó el recorte «no justificado» de la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
La CEOE también consideró «excesivamente optimistas» las previsiones macroeconómicas del Gobierno, que «sobrestiman el crecimiento y el empleo». No obstante, los empresarios se comprometieron a colaborar con el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ya que comparten sus «líneas básicas», como el objetivo de eficiencia en la actuación del sector público, en la gobernanza de los organismos reguladores o en la mejora de la contratación pública.
La Comisión Europea (CE) pide en un informe a España una reducción del déficit y de la deuda pública, y «profundas reformas» en el sistema de pensiones y sanitario para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Según Bruselas, las cuentas del Estado español se encuentran en una situación de «alto riesgo» debido al impacto de la crisis económica y al creciente aumento del gasto público asociado al envejecimiento de la población, que será uno de los más elevados de la UE en los próximos años. «Este ajuste puede llevarse a cabo a través de un aumento de los ingresos y del recorte de los gastos. Además, debe reformarse el sistema de protección social (pensiones públicas y la sanidad) para desacelerar el incremento previsto en el gasto relacionado con el envejecimiento», afirma el Ejecutivo comunitario en un informe.