AGENCIAS
Madrid,
La prejubilación del consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, de 55 años, con una pensión cercana a 3 millones de euros brutos anuales (250.000 euros al mes) desató ayer una tormenta de críticas y descalificaciones en medios políticos y sindicales. Calificativos como escandaloso, vergonzoso, y hasta obsceno fueron algunos de los que se utilizaron ayer para atacar la pensión de Goirigolzarri, que será vitalicia y para la que el BBVA tiene provisionados 52,49 millones (8.600 millones de las antiguas pesetas). Eso sí, no cobrará indemnización, porque su marcha es de mutuo acuerdo. Mientras tanto, los cinco grandes bancos del Reino Unido han acordado limitar las bonificaciones a sus ejecutivos, y el Banco de España pide moderar los sueldos en las administraciones públicas para «contagiar» al privado y que también lo haga.
El ministro de Fomento, José Blanco, afirmó que «indemnizaciones de este tipo deberían tener una fiscalidad especial», «mayor», matizó después. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, eludió entrar en consideraciones y subrayó que ha sido «una decisión de los accionistas» del banco, aunque sí admitió que cabe «una consideración de ética» sobre el asunto.
Mucho más contundente fue el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien si bien coincidió en que se trata de una decisión de una entidad privada, agregó que es de esperar que desde el BBVA «nunca nos den consejos para que congelemos las pensiones de 800 euros o abaratemos el despido; es lo único que les pido: que no nos den consejo».
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que es «muy complicado de explicar» que, «con la que está cayendo, se produzcan jubilaciones de este tenor», aunque matizó que «no está dentro del ámbito de lo público». El responsable de Economía en el PP, Cristóbal Montoro, insistió en el carácter privado de la decisión, pero reconoció que una pensión así en una crisis «se vuelve muy llamativa».
Josep Lluis Sánchez Llibre (CiU) cree que es «un mal ejemplo en tiempos de crisis»,y Gaspar Llamazares (IU) lo tachó de «escándalo». La diputada de UPyD, Rosa Díez, consideró la pensión como una «obscenidad», y Josu Erkoreka (PNV) añadió que el «mensaje» que se lanza no es muy edificante para la sociedad y «para miles de trabajadores que están a punto de quedarse en el paro».
Desde el ámbito sindical, los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, criticaron la pensión en un momento de crisis en el que se escuchan voces a favor de abaratar los costes laborales.
Según Méndez, estas noticias provocan «irritación justificada», mientras que Toxo lamentó que sectores que plantean reducir el coste del despido llevan a cabo ese tipo de prácticas.
El secretario general de CC OO criticó que «mientras el sector financiero no juegue el papel que le corresponde, difícilmente vamos a poder salir de esta situación».
El banco protagonizó ayer en Bolsa la sexta caída más pronunciada del selectivo Ibex-35, al retroceder un 1,74%, castigada por el anuncio de la salida del grupo de Goirigolzarri, según destacaron los analistas consultados.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) abogaba ayer por que los sueldos e incentivos que perciben los consejos de administración se regulen por ley, sobre todo en el actual entorno de crisis.