La Sección Diecisiete de la Audiencia Provincial de Madrid va a juzgar este viernes a la expresidenta del Rayo Vallecano Teresa Rivero Sánchez-Romate como cooperadora necesaria en la presunta comisión de cuatro delitos contra la Hacienda Pública relacionados con un fraude en el IVA y el IRPF correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, y que la Fiscalía fija en unos diez millones de euros.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Fiscalía Provincial, varios excargos del Rayo se deberán sentar en el banquillo, incluyendo la propia Rivero, sus hijos Álvaro y Francisco Javier Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos Muñiz, secretario consejero; Jesús Fraile Delgado, gerente y apoderado; Zoilo Pazos Jiménez, administrador; y el letrado Manuel Sánchez Marín. La acusación del Ministerio Público también se extiende hasta el propio club y la sociedad mercantil Senero S.L.

Todos ellos se enfrentan a una pena de once años de prisión, así como a multas por importe total de 14.250.000 euros en el caso de las personas físicas, y de unos tres millones en el caso de la sociedad deportiva. En concreto, tanto Teresa Rivero como el resto de acusados pueden ser condenados a siete años de cárcel por un presunto impago en el IVA de 2010, y otros cuatro años por el IRPF de los años 2009, 2010 y 2011.

En relación a la responsabilidad civil, los acusados encaran la posible indemnización a la Hacienda Pública, conjunta y solidariamente, de la cantidad de 10.801.269 euros. Además, las empresas Rayo Vallecano de Madrid SAD y Senero SL tendrían que responder subsidiaramente por otros 4.050.175 euros.

Para la Fiscalía, fue el empresario jerezano ya fallecido José María Ruiz Ruiz-Mateos quien, con su hijo Francisco Javier, asesorados por los letrados Yvancos y Sánchez, articuló los mecanismos necesarios "para procurarse un ahorro fiscal ilícito en un encubierto ejercicio de actividad económica". Para ello habrían constituido varias sociedades limitadas en las que siendo sus verdaderos titulares, como ocurrió en el caso del Rayo Vallecano, no aparecían formalmente en las mismas sino que designaban como administradores a personas de su confianza.

Estos, a su vez, "conociendo la finalidad de su nombramiento" seguían las instrucciones de las personas que les habían nombrado y habrían llevado a cabo distintas operaciones para el Rayo Vallecano eludiendo "consciente y voluntariamente" el pago correspondiente a la realización de dichas operaciones. La Fiscalía señala en este caso a Zoilo Pazos, sobrino de José María Ruiz-Mateos, quien tras ser nombrado administrador de una mercantil de la que era propietaria del 95 por ciento el Rayo Vallecano presuntamente eludió el pago a Hacienda entre los años 2009 a 2011.

Por ejemplo, detalla el Ministerio Público, la mercantil Rayo Vallecano SAD presentó en plazo las declaraciones trimestrales correspondientes al IVA en 2009 y 2010 aunque "no presentó las preceptivas declaraciones Resumen Anual con ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito". En total, por este concepto el erario público dejó supuestamente de ingresar durante esos dos años algo más de un millón de euros.

En este sentido, continúa el fiscal relatando que la entidad Rayo Vallecano, también "con ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito", bien no ingresó o bien no declaró la totalidad de las cantidades que en concepto de IRPF retuvo a las personas que trabajaban para la entidad. La cantidad defraudada habría ascendido por este concepto entre los años 2009-2011 a 9.768.854 euros.

La suma de dinero presuntamente defraudado por los conceptos de IVA e IRPF es la misma con que deberán ingresar a Hacienda en concepto de responsabilidad civil conjunta y solidariamente, esto es, 10.801.261 euros.