Los padres imputados por no querer llevar a su hijo autista de ocho años a un centro especial demandaron a la Administración Educativa ante lo que ellos consideran una «vulneración» de los derechos del niño. La demanda se hizo efectiva en octubre de 2011 y ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso de Palencia, a la espera de juicio, según anunció ayer la madre del menor, Azucena Ortega, que compareció, visiblemente afectada, ante los medios para denunciar públicamente la situación.

La madre defendió que para que su hijo desarrolle «íntegramente» su personalidad «debe y tiene» que recibir una educación inclusiva, como recoge la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica de Educación de España. Así, aseveró que la Administración Educativa está vulnerando sus derechos al obligarles a llevar a su hijo a un centro especial cuando ellos siempre han querido que el pequeño esté en un centro de Educación Primaria.

Según explicó, cuando el niño empezó tercero de infantil con cinco años en un colegio público, «se le negaron los apoyos que había en el colegio y en menos de dos meses de comienzo de curso se le segregó al centro de educación especial sin nuestro consentimiento». Un centro al que nunca acudió -a día de hoy el niño no asiste a ningún colegio- al considerar sus progenitores que es «una forma de segregar por motivos de discapacidad a los niños con diversidad funcional». Asimismo, aseveró que fue cuando llegó la escolarización obligatoria cuando llegaron las «coacciones y amenazas veladas» al asegurarles que si el niño no acudía al centro les denunciarían por absentismo escolar. Sin embargo, la madre defendió que siempre que intentaron llevar a su hijo a un centro la respuesta ha sido la misma y lamentó la actitud de la Administración de «no estar por la labor» de querer poner en práctica la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

En diciembre de 2011 recibieron la notificación de la denuncia que se encuentra en el Juzgado de lo Penal por un presunto delito de abandono de la familia que los padres ya han recurrido. «Es algo que no entra en la cabeza de una persona que cree vivir en un país democrático y en el que se aplican las leyes a todos por igual», lamentó.

Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, aseveró ayer que, en el caso del niño autista de Palencia, para la Junta «por encima de todo están los derechos del niño» y que «los que tienen que decidir son los técnicos». A este respecto, remarcó que han sido los «técnicos» los que han valorado que el pequeño tendría «dificultades» en una escuela normalizada y que, «por su bien», debe estar escolarizado en un centro de educación especial. En cualquier caso, mostró su «respeto» a la decisión que adopten los jueces, pero insistió en que para el Gobierno regional lo más importante son los derechos del niño.