El coste mensual por persona atendida en Castilla y León en el marco de la ley de Dependencia es de 722 euros, por debajo de la media nacional situada en 748 euros. Sin embargo la comunidad destaca por ser la primera con mejor ratio (coste/eficiencia» pese a no ser la que más gasta. Según el estudio elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el coste mensual por persona atendida de media en España es de 748 euros. En dicho estudio, Castilla y León es la comunidad con mejor relación «coste/eficiencia» a pesar de no ser la que más gasta en personas atendidas 722 euros, por debajo de la media nacional. Entre las comunidades que más coste tienen por persona atendida se encuentran Madrid (977 euros) y Comunidad Valencia (912 euros), mientras que las que menos gasto tienen en este apartado son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (569 euros), Aragón (637 euros) y Andalucía (647 euros).

En este sentido, recuerda que un coste más bajo para cada paciente «no es síntoma de peor atención», sino en la mayoría de ocasiones de un catálogo de prestaciones «equilibrado» entre las ayudas económicas y los servicios.

«Algunas comunidades han perdido el tren y ahora se acercan momentos económicos duros y lo tendrán complicado, mientras que otras, las que se apoyaron en las entidades locales para organizar su sistema, presentan las mejores cifras, como Castilla y León o País Vasco», apunta el estudio.

Por el contrario, el informe ha criticado que comunidades como Aragón, Baleares, Canarias, Valencia o Murcia no hayan registrado cinco años después bajo la ley de dependencia ningún atendido a ningún atendido con ayuda a domicilio. «El sistema sanitario es buenísimo para agudos, pero no para crónicos, para lo que no está preparado y sale carísimo. Si se les atendiera en el sistema de servicios sociales estarían mejor y saldría más barato», alertó.

Además el estudio establece que las ayudas de la dependencia costaron casi 6.000 millones de euros a las comunidades en 2010 y para este año se espera que aumenten en 900 millones, a pesar de que las previsiones de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales situaba en 2.000 millones el incremento. «Esta ley no parece cara, pero muy pocos empiezan a considerarla como un motor para el empleo», concluye el informe.