BRUSELAS, AGENCIAS
La Unión Europea aprobó ayer que los Estados miembros puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido. En España, la legislación exige una autorización previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa. Precisamente, el presidente de la Asociación de Internautas de España, Víctor Domingo, aclaró que la decisión «no cambia nada» hasta que no se modifique la ley española. Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde dijo que se está estudiando la forma de controlar las descargas de Internet y ha descartado que el Gobierno español sancione con la desconexión: «lo más importante es atacar el origen, a quien pone a disposición de todos ese material», dijo en TVE.
El compromiso fue posible después de que la Eurocámara diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de la reforma. Pero en la fase final de las negociaciones el Parlamento cedió y concluyó el último trámite para la reforma de las telecomunicaciones en Europa.
A cambio de la cesión en la red, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas. En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet «sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática». Tales medidas sólo podrán adoptarse «respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad» y como resultado de un «procedimiento previo, justo e imparcial» que garantice «el derecho a ser escuchado» y «el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno».
El acuerdo final todavía debe ser ratificado por los ministros de Telecomunicaciones y por el pleno de la Eurocámara durante el mes de noviembre. Si se cumplen los plazos, podría entrar en vigor a principios de 2010. La principal novedad de la reforma es que da poderes a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores históricos, como Telefónica, a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competencia. Esta medida sólo se podría aceptar en casos excepcionales. Los Estados miembros y la Eurocámara han rechazado la pretensión de Bruselas de arrogarse nuevos poderes para poder vetar las medidas correctivas dictaminadas por los reguladores nacionales (como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el caso de España) cuando se detectan problemas de competencia en algún mercado. Las autoridades nacionales seguirán teniendo la última palabra en estos casos. Finalmente, el nuevo marco incluye nuevos derechos para los consumidores, como la prohibición de contratos superiores a los dos años de duración o la obligación para las operadoras de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono en un plazo máximo de un día.
