La Alianza UPA-COAG califica "como muy preocupante que las nueve provincias de Castilla y León estén actualmente entre las dieciséis más envejecidas en España, según los datos del INE hecho públicos esta misma semana".
Señala que "Zamora ocupa el primer puesto en este inquietante ranking nacional, con una media de edad de 50,7 años. León se sitúa en la cuarta provincia española más envejecida con 48,7 años. Salamanca (48,0), Palencia (47,8), Ávila (47,6) y Soria (47,5), ocupan el sexto, séptimo, octavo y noveno lugar en esta clasificación. Hay que ir hasta el decimosegundo puesto para encontrar a Burgos (46,3 años), y un poco más atrás se sitúan Segovia, puesto 15º con 45,7 años, y Valladolid, en el decimosexto lugar con 45,6 años. La media de edad de la población castellano y leonesa es de 47,4 años, muy por encima de la media española, que es de 43,1 años".
La organización agraria reclama "responsabilidad a la Administración regional para que asuma no solo que el despoblamiento de las zonas rurales supone un incremento de las desigualdades y los desequilibrios entre los distintos territorios, sino que debe actuar y hacerlo de inmediato y con todos los medios y recursos necesarios ante este grave problema para lograr un medio rural vivo y con futuro".
UPA-COAG considera que "si se dotase de estructuras fuertes al sector primario la población no se reduciría en el medio rural, y para ello habría que apoyar firmemente al modelo de explotaciones familiares agrarias".
La Alianza insta al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León a que promuevan el relevo generacional en el campo "antes de que sea demasiado tarde". Urge un apoyo real a la incorporación de jóvenes que contemple, entre otras medidas, un plan de acceso a tierras para jóvenes; un plan de jubilación anticipada atractivo para quien ceda la explotación a un joven; unas pensiones justas para que los profesionales puedan dejar la vida laboral con dignidad y transmitir su explotación; acceso a tecnologías de comunicación en el medio rural y mejora de las infraestructuras y servicios sociales, sanitarios, educativos y de atención a la dependencia para los habitantes de los pueblos.
