​Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vuelve a dejar en evidencia la política medioambiental de la Junta de Castilla y León, la enésima sentencia que en esta ocasión declara nula de pleno derecho la Orden que autorizaba como medida fitosanitaria la quema de rastrojos de cereales en Castilla y León.
La Federación de Ecologistas en Acción Castilla y León presentó recurso contencioso-administrativo contra la mencionada Orden ya que no constaba en el expediente ningún dato o informe que justificara la necesidad de dictar dicha resolución como medida fitosanitaria de control de plagas, ni que existieran plagas en la Comunidad y que, de existir, la quema de rastrojos no era el medio adecuado y necesario para combatirlas.
La sentencia, según informa Ecologistas en Acción, recoge que los documentos presentados por la Consejería de Agricultura y Ganadería en su defensa (informes del Servicio de Espacios Naturales y del Área de Plagas del Instituto Tecnológico Agrario) ponen de relieve que las evidencias científico-técnicas sobre la eficacia o justificación de la quema de rastrojos como medida fitosanitaria son muy escasas, por lo que consideraban necesario profundizar sobre el conocimiento de su posible eficacia con carácter previo a una utilización generalizada de esta técnica como contribución a una gestión integrada de plagas y enfermedades en cereales.
La sentencia es contundente en cuanto que reconoce que la Orden impugnada no cumple ninguna de las finalidades por las que se dictó y vulnera el espíritu y finalidad del Real Decreto que establece las normas de condicionalidad que deben ser cumplidas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC).
La quema de rastrojos conlleva una grave pérdida de biodiversidad, empobrece el suelo, supone un riesgo de incendio forestal cuando se practica en la proximidad de montes y agrava el problema de las plagas al eliminar factores que pueden ser aliados en su control. Además, tiene efectos nocivos en la población expuesta y supone un serio problema de salud pública.
Las nubes de humo generadas por las quemas contienen gases tóxicos (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, partículas, etc.) que tienen efectos negativos sobre el sistema respiratorio y cardiovascular. Especialmente preocupante es la presencia de dioxinas e hidrocarburos aromáticos policíclicos, cancerígenos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud que se incorporan a la cadena alimentaria y pueden provocar efectos neurológicos en fetos por exposición durante el embarazo, daños a los sistemas hormonal e inmunitario o varios tipos de cáncer.
Para Ecologistas en Acción, "una vez más queda demostrado que la Junta de Castilla y León antepone los intereses particulares de un colectivo determinado a los intereses generales y a la salud de las ciudadanos de esta comunidad.
La Alianza UPA-COAG
La Alianza UPA-COAG, por su parte, advierte que "la quema de rastrojos es una herramienta muy útil para controlar plagas, enfermedades y malas hierbas tan resistentes e invasivas que afectan a Castilla y León, y una alternativa más sostenible que la aplicación de productos químicos". Es por ello que considera "muy negativa la sentencia del TSJCyL que anula la autorización de la quema de rastrojos en Castilla y León por carecer de justificación ambiental y fitosanitaria y reclamamos al Gobierno regional que recurra el fallo del Tribunal y defienda como se merece a un sector económico estratégico y clave en Castilla y León como es el agrario".
La Alianza UPA-COAG, añade en su comunicado, "quiere poner en valor la profesionalidad y buen hacer de los agricultores en relación a las quemas, cuya autorización conviene recordar que no es indiscriminada sino previamente autorizada con todas las garantías de precaución y seguridad. Prueba de ello es que en el año 2016, sobre el que hace mención la sentencia de las últimas horas donde se declara nula de pleno derecho la Orden AYG/887/2016 de 17 de octubre, y que autorizaba como medida fitosanitaria la quema de rastrojos de cereales en Castilla y León, no hubo incendio alguno en masas forestales anexas a los terrenos sobre los que se actuó".
En Castilla y León, apunta la Alianza, "la proliferación de plagas en la última década en forma de topillos, nefasia o tronchaespigas, o malas hierbas como el bromo, u hongos como la roya, etc., es un hecho constatable, al igual que lo es que en algunos casos son de muy difícil control por productos químicos, que por otra parte también son ferozmente cuestionados por los grupos ecologistas. Por ello resulta necesario disponer de herramientas viables para luchar contra estas incidencias; una de dichas herramientas es la quema de rastrojos, que además es perfectamente compatible con las buenas prácticas agronómicas en circunstancias excepcionales".
La Alianza UPA-COAG recuerda que "si no se permite la quema de rastrojos parte de la superficie quedará abandonada en breve por la falta de rentabilidad económica, y eso sí será un riesgo serio de que suframos más incendios por abandono de cultivos y del medio rural. De igual modo, recordamos que una prohibición de este tipo traerá consigo un encarecimiento del precio de las producciones que se trasladará a la cadena alimentaria y que sufrirá directamente el consumidor en su bolsillo".
La organización manifiesta que "resulta especialmente llamativo que Ecologistas en Acción utilice algunas perlas dialécticas como que “las nubes de humo generadas por las quemas contienen gases que afectan al sistema respiratorio y cardiovascular” para actuar contra la labor profesional de los agricultores, pero pasan de largo sobre otras actividades lúdicofestivas como por ejemplo las quemas en las fallas de Valencia, en las fiestas del fuego de la noche de San Juan y en otras similares, e incluso cuando el uso del fuego se hace como mecanismo de limpieza en zonas como los humedales de importancia internacional (como el de la Nava en Palencia), donde en esos casos para los ecologistas el fuego parece no producir hipotéticos daños en el sistema respiratorio y cardiovascular de las personas, ni tampoco contra la propia fauna que se pretende proteger con las figuras de protección especial de esas zonas".
UPA-COAG subraya que "la sociedad reclama de los agricultores la producción de alimentos a precios asequibles para todos, y que para esa fundamental labor necesitamos herramientas y no las continuas trabas y la criminalización que algunos grupos de presión se están especializando en difundir sobre los propios agricultores".
