La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha observado irregularidades en la gestión y mantenimiento de las cinco depuradoras del Lago de Sanabria. A la vista de estas anomalías detectadas en la prestación del servicio, en el que están concernidos el Ayuntamiento de Galende, la Diputación Provincial de Zamora y la Junta de Castilla y León, el TSJ ha acordado "remitir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si se hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad penal"

Así se establece en la sentencia del Tribunal, con sede en Valladolid, que desestima el recurso interpuesto por la empresa Isolux Corsan Servicios contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zamora que estimó parcialmente una reclamación económica de la empresa al Ayuntamiento de Galende por el servicio de gestión y mantenimiento de las depuradoras, condenándole al pago de 192.612 euros.

Contra esa sentencia, la mercantil interpuso recurso de apelación con la pretensión de que fuera estimada íntegramente la demanda en la que Isolux Corsan reclamaba al Ayuntamiento de Galende más de un millón de euros; por un lado 762.751 euros en concepto de facturas impagadas por el servicio de explotación y mantenimiento de las cinco depuradoras del Lago de Sanabria y más 280.310 euros en concepto de intereses de demora.

El TSJ suscribe los razonamientos expuestos por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora en el sentido de que "no hay una sola prueba que acredite la existencia de contrato de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de Galende y la recurrente, ni encargo, ni compromiso o acuerdo alguno".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León no solo desestima el recurso sino que además detalla una serie de irregularidades, como la inexistencia de contrato suscrito con arreglo a la normativa de los contratos públicos; la reclamación de pagos por facturas de más de doce años por unos servicios que al parecer se han prestado por la mercantil Isolux Corsan Servicios S.A. sin que conste quién ha fijado su importe, sus revalorizaciones anuales, ni cómo se ha prestado.

Además el TSJ pone la sospecha sobre los pagos del Ayuntamiento de Galende en el año 2012 por importe de aproximadamente 450.000 euros, cuando antes no se ha pagado nada, sin existir contrato ni facturas registradas en la oficina municipal y por importes que no se corresponden con las facturas después aportadas en el Ayuntamiento.

Según acuerda el fallo del TSJ, de lo constatado en el expediente y en los autos "resulta que el Ayuntamiento de Galende no ha pagado nunca a la empresa por la prestación del servicio", hasta mayo y julio de 2012 en que abona 318.648 euros y 150.666 euros.

Detecta igualmente irregularidades en las subvenciones de la Diputación al Ayuntamiento de Galende sin que conste que se hayan destinado al fin para el que se otorgaron y sin control alguno de la otorgante sobre la existencia del contrato de prestación de servicios y ejecución del mismo; los pagos realizados únicamente por la Junta de Castilla y León en relación con la depuración del Lago de Sanabria, pero no reclamación a ella de las facturas correspondientes a la prestación del servicio de gestión y mantenimiento; y el certificado del secretario del Ayuntamiento sobre la existencia del contrato de que se trata y la negación de su existencia por el Alcalde de dicho Ayuntamiento.