El "cúmulo de irregularidades" sobre la prestación de un servicio público y sobre su pago con dinero público a lo largo de tan dilatado tiempo con conocimiento de tres Administraciones "justifica que se deduzca testimonio de particulares por si se hubiera incurrido en responsabilidad penal por la inobservancia de la normativa reguladora de contratos públicos, por la forma de pago con fondos públicos sin constancia de quién ha fijado el precio del servicio prestado sin registro de las facturas que se reclaman en los periodos en que se suponen prestados los servicios que con ellas se quiere remunerar, por destinar cantidades recibidas como subvención a fines distintos de los subvencionado, por la necesidad de esclarecer en qué se funda el certificado del secretario del Ayuntamiento de Galende etc".
El contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León detalla un rosario de hechos que pasarán al Ministerio Fiscal para su investigación. Como detalla el fallo con respecto a las facturas, hasta el año 2012 estas facturas "no tienen sello de registro de entrada en el Ayuntamiento de Galende", ni coinciden "todas las que se reclaman con las que se aportan ni con sus importes". En algunos escritos, como en los años 2005 y 2006, "se reclaman facturas de 1999, anteriores a la recepción de las obras". Precisa además que "no se explica que durante 14 años se haya prestado un servicio y no se haya abonado cantidad alguna y que precisamente en el momento que existe la crisis económica se abonen en el año 2012 importantes cantidades por un pequeño Ayuntamiento".
