4.784 agricultores y ganaderos de Zamora están llamados hoy a las urnas para definir las representatividad en el sector agrario provincial. Hay instaladas urnas en 95 municipios, donde podrán ejercer el sufragio todos los profesionales de los más de 500 núcleos de población. En juego está definir la fuerza de cada una de las tres organizaciones que concurren a los comicios: la Alianza UPA-COAG, Asaja y la Unión de Campesinos. Los resultados tendrán vigor durante los próximos cinco años.
En base a los resultados de las elecciones de hoy se constituirán los foros de representación intersectorial. Los sindicatos más representativos serán los interlocutores ante los poderes públicos de la Comunidad a través de su integración en los órganos de asesoramiento y participación y en otros instrumentos existentes en los que ocuparán las vocalías que les correspondan en función de los votos obtenidos. Entre estos órganos e instrumentos se encuentran el Consejo Agrario, el Comité de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural, el Consejo Asesor de Estadística, el Consejo de Políticas Demográficas, el Consejo Regional de Medio Ambiente y el Consejo Regional de la Mujer. De los resultados de hoy depende también la composición del Pleno y la Comisión Delegada de la Cámara Agraria.
No es esta consulta electoral como las primeras en el campo, cuando lo que estaba en juego era el reparto de un mapa sindical sin definir y había también intereses de liderazgo personal, pero tiene también su importancia porque las organizaciones tienen por delante el horizonte de 2020 cuando la UE cambiará la filosofía de la PAC, lo que implicará tensiones, y para frenar la tendencia que va a ser, sin duda, restrictiva se necesitarán sindicatos fuertes y consolidados que defiendan los intereses del sector primario.
La cita electoral de hoy se celebra con una mecánica diferente a las anteriores. Los agricultores y ganaderos no elegirán a los vocales de las cámaras agrarias, como ha ocurrido en otras ocasiones, votarán a las propias organizaciones, que en base al resultado que obtengan designarán a sus representantes en los distintos foros. El reparto de las vocalías que correspondan a cada organización se llevará a cabo mediante la aplicación de la regla de proporcionalidad que se utiliza en el régimen electoral general, la Ley D`Hont.
Las personas que ocupen las vocalías en función de los resultados electorales no tendrán un mandato directo de los votantes, sino de las organizaciones profesionales a quienes los electores han apoyado "los cuales han de procurar que en la relación de personas exista un equilibrio entre hombres y mujeres", según establece la normativa. La democracia delegada se impone en beneficio de los sindicatos que serán los dueños de los escaños.
Las personas físicas y jurídicas con derecho a voto pueden participar en la consulta de dos maneras diferentes. Pueden ejercer su derecho al sufragio acudiendo a la mesa que les corresponda con la correspondiente documentación. Se podrá votar entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde. Y de forma anticipada lo han podido hacer personándose en el Servicio Territorial de Agricultura entre el 22 de enero y el 5 de febrero.
El censo, una vez más, ha vuelto a caer. En 2012 tenían derecho a voto en Zamora 5.520 agricultores y ganaderos y en esta ocasión no podrán votar más de 4.784, la pérdida es muy grande, cerca de un 15%, por encima del porcentaje que define la sangría poblacional.
En Zamora concurren a los comicios tres organizaciones profesionales -las mismas que en las últimas elecciones de 2012- con la intención de incrementar su representación. La Alianza UPA-COAG obtuvo hace cinco años el 65% de los votos y 17 representantes en la Cámara Provincial Agraria, ASAJA fue el segundo sindicato más apoyado con el 27% de los sufragios y 7 vocales, y en tercer lugar la UCCL, con el 5% de los votos un vocal.
Los sindicatos han aprovechado una campaña electoral, "tranquila", para explicar sus estrategias ante lo que está por venir y que ya se ha anunciado, un cambio de la Política Agraria Común (PAC), una modificación que va a significar menos fondos para el sector, disminución obligada por la salida del Reino Unido de la UE y por la intención de la Comisión Europea de adelgazar el presupuesto agrario. No favorece la propuesta de renacionalización de las ayudas, ya anunciada, y que, si se aplica en los términos adelantados, puede ser muy perjudicial para el campo español. Casi la mitad de la renta agraria de la provincia depende de las ayudas comunitarias, de ahí la importancia de que se mantenga la actual estructura que se sostiene con fondos procedentes de Bruselas.
ASAJA ha pedido en campaña una investigación sobre la gestión de la Consejería de Agricultura en relación con el proceso de las elecciones. Según el sindicato, en el proceso se han desestimado 618 solicitudes en Castilla y León y aprobado solo 208, aunque todos esos expedientes son "únicamente un tercio de los 2.500 agricultores excluidos del censo. La respuesta de la consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, ha sido contundente: el censo cumple con la Ley Agraria.
