La Junta de Castilla y León aplicará 37 medidas preventivas y buenas prácticas que ya se emplean en otros países de Europa para reducir los ataques de lobo a la ganadería. Así lo avanzó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras mantener una reunión en Bruselas con el responsable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja.

El encuentro se celebró meses después de que técnicos europeos visitaran en octubre explotaciones de Zamora, Salamanca y Ávila por los ataques del lobo al ganado. Una iniciativa que concluyó con resultados "muy útiles", según Suárez-Quiñones, que han servido para concretar los puntos de la reunión para abordar las posibles soluciones. El consejero recordó que de ninguna forma se modificará la directiva Hábitat, en el punto que prohibe la caza del lobo al sur del Duero. "Nunca va a ser objetivo de caza, ni ahora ni nunca. Lo que tenemos que hacer es manejar esta especie protegida para que perviva el interés de la conservación con el de la ganadería extensiva", añadió.

Aun así, Suárez-Quiñones admitió que si "el problema sigue existiendo", aun aplicando las medidas necesarias, se pueden llevar a cabo "otras medidas de control, como bajar la densidad de determinados lugares". En todo caso, dijo, se preguntará a la Comisión sobre estas medidas de cualquier tipo que se adopten en materia de gestión del lobo. Se trata de un plazo previo para consultarlo que dé garantía jurídica a la Consejería.

Otro de los capítulos que centró la reunión es la posibilidad de mejorar y actualizar una guía, que data de 2007, a lo largo de este año, y en la que Castilla y León, al amparo de esta modificación, está muy interesada en introducir elementos que supongan "seguridad jurídica para la Comunidad a la hora de gestionar estos conflictos y manejar las acciones preventivas y de control de ejemplares". En este sentido, el consejero anunció que su departamento aportará textos de algunos puntos para que se cambien. Asimismo, se acordó que la Junta participará en programas regionales con la intención de debatir con "los distintos sectores implicados" y encontrar medidas preventivas que tengan en cuenta también "la circunstancias socieconómicas y la compatibilidad entre el lobo y la ganadería extensiva".

Según cifras de la Consejería de Fomento, los ataques del lobo al ganado se han duplicado en un año. En 2016 se produjeron un total de 1.882 ataques y murieron 3.400 animales. El consejero ha mostrado su preocupación por la situación de los ganaderos que se ven obligados a dejar la zona para evitar los ataques. Suárez-Quiñones presumió de que se ha mejorado el plazo de pago de indemnizaciones. "Antes se tardaba casi un año en pagar a un ganadero por los daños y ahora la media son 22 días", explicó, para avanzar que la Junta se encuentra en negociación para determinadas cuantías que podrían variar en función de circunstancias como la edad del animal o el tipo de ataque. "Esperamos que en el primer semestre se pueda cerrar una cuantificación justa de este pago", concluyó.

Por su parte, Asaja Castilla y León pidió ayer a los responsables de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) un control "más flexible" del lobo para evitar su expansión "incontrolada" en la Comunidad, lo que supondría "acorralar y expulsar" a los ganaderos de los pueblos.

La organización agraria alerta sobre la presencia "cada vez más amplia" del depredador más allá de las zonas loberas, irrumpiendo en áreas de ganadería de extensivo tradicional, "haciendo imposible el manejo y dejando a la poca población que vive en esos pueblos sin su medio de vida".

Asaja insiste en la necesidad de frenar la proliferación de manadas y pide a los responsables comunitarios una mayor flexibilidad a la hora de adoptar medidas de control por parte de la administración regional. Todo ello, sin olvidar el papel ecológico de la ganadería de extensivo al contribuir a la limpieza y equilibrio sostenible del medio natural.