La carretera de Porto de Sanabria lidera el número de quejas formuladas en 2017 al Procurador del Común. Cientos de vecinos de la Alta Sanabria enviaron al defensor del pueblo autonómico reclamaciones solicitando el arreglo integral de la vía ZA-102, de la Junta de Castilla y León, que es el único acceso a las localidades de Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto, además de al pueblo orensano de Pradorramisquedo. Los vecinos de la zona exigen una calzada más ancha para esta carretera de montaña.

El conflicto por la carretera de Porto ha hecho que Zamora sea la provincia desde la que se han enviado más quejas, un total de 661, que representan el 17% del total, seguida por León con 579 quejas y Valladolid con 351. A continuación se sitúan Burgos con 285, Salamanca con 269, Palencia con 217, Ávila con 146, Segovia con 139 y finalmente la provincia de Soria con 100.

El Procurador del Común señala que en 2017 se ha incrementado el número de reclamaciones puestas por ciudadanos residentes fuera de la Comunidad, y señala que se debe principalmente al mal estado de la carretera de Porto de Sanabria, 454 de un total de 680. La vía, compartida con Orense, da servicio a varias poblaciones gallegas.

En cuanto a la distribución por áreas de las quejas destacan las incluidas en Fomento -el departamente en el que se incluyen las de la carretera de Porto-, que fueron las más numerosas con un 46% del total, seguida de las reclamaciones del área de Función Pública con el 17%, Bienes y Servicios Municipales con un 10%, Medio Ambiente con un 5%, Sanidad y Consumo con un 4%, Familia e Igualdad de Oportunidades con 4%, Industria, Comercio y Seguridad Social con un 3%, Educación, Justicia, Interior y Emigración con un 2% respectivamente y con un 1% Agricultura, Ganadería, Justicia, Cultura y Patrimonio.

En marzo de 2017 el Procurador del Común ya se pronunció sobre el mal estado de la carretera de Porto de Sanabria, apoyándose en informes de la Guardia Civil de Tráfico, y pedía a la Junta de Castilla y León que agilizara su arreglo, que debería estar terminado antes de abril de 2018, para lo que quedan menos de tres meses. Sin embargo, la reforma pactada por la Junta y por el grupo de Ciudadanos en las Cortes, dotada de 500.000 euros para este ejercicio, no ha contentado a los vecinos que exigen una reforma similar a la proyectada por el propio Gobierno autonómico en 2011, que ascendía a 12 millones de euros porque incluía el ensanche de la calzada, y no solo la habilitación de apartaderos.