Para Ecologistas en Acción "estos defectos normativos son reincidentes, y obedecen al empecinamiento de ciertas personas que están y han estado al mando de la Consejería de Medioambiente. Es decir, cargos políticos de libre designación o en comisión de servicio que no han querido reconocer sus errores y prepotencia, ni poner en evidencia su ineptitud ante los cazadores".
"Ofuscación política que vuelven a mostrar con otro Decreto, en la actualidad en fase de información pública, en el que nuevamente no reconocen la realidad de los periodos reproductivos y de los estados de conservación de la tórtola europea y codorniz" indican los conservacionistas.
Destacan, además, que "se da el agravante de que al frente de la Consejería hay un exjuez cuya autoridad moral deja mucho que desear. Suárez-Quiñones es plenamente consciente del valor de las Leyes y de las Sentencias; pero está evadiendo su obligación de cumplirlas, hacerlas cumplir y publicitarlas. Con esta voluntaria inactividad el Consejero está poniendo en riesgo a los cazadores que están cazando hoy fuera de la Ley, y también a los Agentes de la Autoridad que lo están permitiendo".
Responsabilidades
Exponen, asimismo desde el colectivo naturalista que "los directivos cinegéticos en vez de pedir responsabilidades a los políticos, dirigen sus críticas a los ecologistas que al fin y al cabo simplemente han demostrado unas ilegalidades que perjudican al Estado de Derecho, y por lo tanto a todos".
"Esta actitud de políticos y de directivos de la caza se explica porque priorizan los intereses políticos, empresariales y económicos frente a la defensa de los cazadores y de la caza, en especial de la caza menor cuyas poblaciones y hábitats están empeorando cada año sin que se adopten medidas" manifiesta en su escrito Ecologistas en Acción.
