Varios artículos del Decreto 32/2015 que regulan la conservación de la especies cinegéticas y aprovechamiento de la fauna silvestre en Castilla y León seguirán anulados tras declarar el Tribunal Supremo finalizado el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla León.

Y es que la comunidad de Castilla y León ha desistido del recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior. Lo hizo una vez solicitado por la Dirección General del Medio Natural y que la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente autorizara a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León desistir del recurso.

Ecologistas en Acción pone de relieve que "los artículos (13 y 14) hacían referencia a la calificación de las especies cinegéticas y cazables". El artículo 14 señala que "se determinará cuáles de las especies cinegéticas serán cazables en cada temporada de caza, de manera que se respeten los principios de una utilización razonable y de una regulación equilibrada desde el punto de vista ecológico de las especies afectadas". Los conservacionistas ponen de manifiesto que "su anulación supone que la caza de todas las especies se queda sin soporte jurídico; es decir fuera de la Ley a fecha de hoy en tanto no se apruebe una nueva normativa dentro de unas semanas".

Los conservacionistas señalan que "uno de los argumentos de la sentencia era la falta de estudios científicos para ajustar la caza a los periodos reproductivos y el estado de conservación de las especies migratorias tórtola europea ( Streptopelia turtur) y codorniz (Coturnix coturnix). Así ha quedado acreditado con la caza de la codorniz, que se ha iniciado otra vez el 15 de agosto con el mismo cupo de todos los años sin considerar la sequía extrema y la ya previsible falta de nidificación que auguraban incluso los cazadores. Lo mismo podemos decir del lamentable estado de las poblaciones de perdiz en este año de sequía".

Subrayan en el comunicado realizado tras el desestimiento de la comunidad autónoma de Castilla y León que "esta situación jurídica, pero con menos efectos, ya se ha repetido en más ocasiones y por lo tanto era predecible desde hace años, hay que recordar que esta normativa ha estado recibiendo varapalos judiciales desde el año 2003".

Para Ecologistas en Acción "estos defectos normativos son reincidentes, y obedecen al empecinamiento de ciertas personas que están y han estado al mando de la Consejería de Medioambiente. Es decir, cargos políticos de libre designación o en comisión de servicio que no han querido reconocer sus errores y prepotencia, ni poner en evidencia su ineptitud ante los cazadores".