La Unión Nacional de Entidades de Caza (UNAC) llevará el acuerdo firmado entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación de Caza de Castilla y León a los tribunales por entender que es un convenio "vergonzoso" y marginador para determinados los cazadores de la región que no están por la acción de federarse para practicar la caza.

El presidente de la UNAC, Manuel Alonso, afirma que "llegaremos hasta el final", y hace mención a otros casos similares dados en Andalucía, por ejemplo, "donde pasó lo mismo", y que han terminado con sentencias favorables del Tribunal Supremo.

El acuerdo afecta a bienes inmuebles que, conforme a su régimen cinegético, "tienen la consideración de cotos regionales de caza y zonas de caza controlada", que suman unas 30.000 hectáreas repartidas por León, Salamanca, Burgos, Soria y Segovia, y de las que no forman parte las reservas regionales de caza de La Culebra y Villafáfila. El delegado provincial de Caza, José Antonio Prada, defendía ayer el acuerdo destacando que el objetivo es "socializar la caza". Además, subraya que "habrá un ahorro importante "puesto que los cazadores participantes en las cacerías en estos escenarios pasarán a pagar "entre 50 y 70 euros y no entre 100 y 120 euros". Indicó, además, que "el 80% de los permisos serán para nativos y cazadores de la zona y el 20% restante para los cazadores de otras provincias". Expresa, además, que supone cortar "un negocio" para algunos organizadores de cacerías.

Ni la Culebra ni Villafáfila

Desde el Servicio de Caza de Valladolid se afirma que el convenio afecta a una porción de caza "residual", y cifra en unos 25 los recechos anuales, que vienen a contar con unas 3.000 solicitudes. Respecto a la Unión Nacional de Entidades de Caza manifiestan que es un grupo "disidente" de la Federación Nacional, y "beligerante", que no tiene representación en órganos administrativos. Una cuestión que rechazan desde la UNAC, que precisan que cuentan "con 120.000 afiliados en España, con implantación en 16 comunidades". Subraya, asimismo, su pertenencia a organismos y entidades de defensa del medio rural, a la Red Rural Nacional y a Biodiversidad, entre otras.

El convenio tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables "si tres meses antes de su vencimiento no fuera denunciado por ninguna de las partes. El objeto del mismo "es establecer una colaboración entre la Consejería y la Federación en materia de realización de controles poblacionales sobre la fauna silvestre cinegética".

Los compromisos establecidos, por parte de la Federación de Caza de Castilla y León, es "auxiliar a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente durante el ejercicio de los controles poblacionales, aportando cazadores federados con medios y procedimientos requeridos para la ejecución de las acciones de control poblacional".

En el convenio, firmado por Juan Carlos Suárez-Quiñones y Santiago Iturmendi, se señala que la supeditación "al principio de eficacia, respetar el principio de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia entre sus federados para la participación en dichos controles poblacionales". Otro compromiso es "velar por el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguro obligatorio del cazador, seguros de responsabilidad civil y demás documentación obligatoria para la práctica de la caza por parte de los cazadores federados que pudieran colaborar durante la ejecución de estos controles poblacionales así como de cualquier otra obligación de índole sanitaria, salud pública y bienestar animal de los medios y modalidades empleadas de aquellos cazadores federados pudieran emplear".

Compromisos

Los compromisos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tienen que ver con "dictar los actos administrativos, donde proceda, para la realización de controles poblacionales sobre fauna silvestre. El responsable de la autorización será el personal al servicio de la Consejería, pudiendo figurar la existencia de cazadores federados, que tendrán la consideración de personal auxiliar o acompañante en la ejecución del control".

En virtud del convenio y de los compromisos adquiridos, y como "mecanismo" de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución se ha formado una Comisión formada por el titular de la Dirección General con competencia en la materia de caza, o persona en quien delegue, el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León o quien delegue, y cuyo secretariado recaerá en el funcionario nombrado por el titular de la Dirección General.

Los cotos de regionales de caza son los denominados La Santa Espina, El Carrascal y El Alambrado, y Pinar de Aldealbar, en Valladolid, y las zonas de caza controlada el Monte Gurdieta (Burgos), Ágreda, Valduérteles y Fuente de Velasco (Soria) Estribaciones de la Sierra de Guadarrama (Segovia) y una zona de León y otra de Salamanca.