Tras varios días en calma, la tempestad regresa a Villalpando. El grupo municipal socialista y los concejales del Partido Popular Laura Grande, José María González y Luis Antonio Prieto, registraban ayer un escrito en la Subdelegación del Gobierno denunciando la ilegalidad de la suspensión del pleno extraordinario celebrado el pasado 14 de junio cuyo único punto del orden del día abordaba "la celebración y desarrollo de las fiestas patronales de San Roque".

En este sentido, cabe recordar que la sesión plenaria fue suspendida por el alcalde alegando que los contratos presentados no superaban el 10% del presupuesto anual de 2017. Sin embargo, los ediles contrarios al regidor Félix González sostienen que la cuantía de los festejos finalmente fue de 163.000 euros, "cantidad muy superior a los 108.000 euros que se corresponden con el 10% del presupuesto".

De forma paralela, señalan que el funcionamiento de la Junta de Gobierno Local es "ilegal" ya que, denuncian, "esta ha de contar al menos con tres miembros" en virtud del Artículo 113/B del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

Por último, los concejales recurren la decisión del secretario municipal de no admitir a trámite la moción de censura contra el alcalde. Una iniciativa tumbada por la actual Ley Electoral, conocida como Ley Antitransfugismo, que, a su juicio, "entra en contradicción con la norma de rango superior", esta es la Ley 2/2011, por la que los alcaldes pueden ser destituidos mediante moción de censura. "No nos entra en la cabeza que siete de nueve no seamos mayoría moral y legal para sacar adelante una moción de censura", reiteran.