26 de agosto de 2017
26.08.2017
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Tierra de Campos

IU denuncia la contratación irregular de un operario en Belver de los Montes

Una resolución del Procurador del Común insta al Ayuntamiento a convocar la plaza de forma pública

26.08.2017 | 03:18
Laura Rivera junto a Gabina Bermejo y Francisco Arcos durantela rueda deprensa.

El Procurador del Común insta al Ayuntamiento de Belver de los Montes a publicitar la convocatoria para la contratación de un oficial de primera que ya fue asignada "de manera directa" durante la pasada primavera a un antiguo empleado del consistorio.

La resolución fue anunciada ayer por el Grupo de Izquierda Unida en la Diputación y los concejales Gabina Bermejo y Francisco Arcos, promotores de la queja ante la citada institución y quienes previamente habían exigido explicaciones al alcalde popular, Ángel de Castro.

Según denuncian los ediles de Izquierda Unida del consistorio belverisco, el pasado mes de marzo el Ayuntamiento contrató de forma indefinida un oficial de primera -perteneciente al grupo profesional de operario de servicios múltiples- sin que mediara convocatoria pública y vulnerando así "los principios de igualdad, mérito y capacidad exigibles a todas las Administraciones públicas".

Al considerar que no había sido respetado el orden establecido de la bolsa de empleo municipal, los concejales solicitaron información sobre el proceso de selección de personal. Como respuesta, los munícipes recibieron un informe de Alcaldía explicando que la contratación se había realizado de forma directa por vía de urgencia alegando que el seleccionado conocía "perfectamente" el puesto de trabajo que llevaba desempeñando desde hace un año mediante un contrato de interinidad, "con gran satisfacción a ojos del pueblo y de toda la corporación".

Además, el escrito aludía a las circunstancias personales del trabajador (persona de más de 50 años de edad, con dos hijos en edad escolar y su mujer trabajando en el pueblo) como "garantía de su disposición para arreglar una avería del abastecimiento o cualquier otro problema".

Por todo ello, Bermejo y Arcos concluyen que no se ha realizado ningún proceso selectivo y que la contratación ha sido fruto de la "voluntad personal e individual del alcalde". Una hipótesis reforzada por supuestas objeciones emitidas por parte de Secretaría-Intervención y reflejadas en una frase del informe "cuanto menos curiosa", a juicio de Laura Rivera, que dice así: "Por parte de la secretaria se emiten los correspondientes informes y reparos así como por mi parte las providencias y resoluciones necesarias para su levantamiento e intentar cumplir la ley en todo lo posible; que no siempre se conjugan bien los usos y costumbres con las normativas".

En este sentido, la portavoz del Grupo de Izquierda Unida en la Diputación precisa que "los usos y costumbres son muy respetables siempre que no sean antidemocráticos y caciquiles" y recuerda que su partido no ha tenido acceso a dicha documentación, de ahí que el Procurador también resuelva facilitar la copia de los informes y reparos a los concejales que así lo solicitaron en cumplimiento con la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.

En la misma línea, los ediles reprochan la conducta de la contratación "improcedente e ilegal" al tiempo que alientan a sus homónimos a "luchar por la verdad y las cosas legales". "Animo a los concejales de los pueblos que si ven alguna irregularidad que por favor no se callen y que lo digan, que cojan documentación necesaria y que denuncien, que no se queden callados", manifestaba Gabina Bermejo.

Pese a que la resolución del Procurador es vinculante, desde Izquierda Unida confían en la rectificación del alcalde, quien reconoce que no hubo ninguna convocatoria pública aunque se niega a hacer más declaraciones.

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