El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Puebla de Sanabria ha acordado continuar con las diligencias abiertas por el presunto fraude al Ministerio de Fomento en la gestión del mantenimiento de las carreteras de la zona de Sanabria-La Carballeda por los trámites de procedimiento abreviado contra 16 investigados, cuatro de ellos funcionarios del Ministerio de Fomento, así como directivos, titulares y trabajadores de la UTE Rionegro, adjudicataria hasta mayo de 2011 de las obras de conservación de la carretera Nacional 525 y de las autovías A-52 y A-66.

De las diligencias practicadas se deduce la participación de los investigados en diversos delitos tales como prevaricación, estafa, apropiación indebida, fraude, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y pertenencia a organización criminal. El Juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en el plazo de 20 días, dada la complejidad y extensión de la causa, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado en el plazo de tres días hábiles y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días hábiles.

Los hechos, ocurridos entre los años 2006 y 2011 habrían comprendido la facturación al Ministerio de Fomento por sal en la época de vialidad invernal de cantidades muy superiores a las realmente adquiridas por la UTE y esparcidas en la carretera. Además, se habría adquirido sal procedente de Portugal, de desecho de bacaladeras, y sin embargo se facturaba como sal marina o sal de mina a través de una empresa constituida por uno de los investigados para tal fin.

Por otro lado, habrían sido retiradas diversas biondas o barreras de seguridad de las carreteras indicadas, que pertenecerían al Ministerio de Fomento, y algunos de los investigados las habrían vendido a diversas chatarrerías, con perjuicio para Fomento.

También varios de ellos se habrían beneficiado de diversos trabajos en sus viviendas particulares con cargo al Ministerio de Fomento, y habrían pagado con dinero público diversos gastos como comidas, viajes, estancias en hoteles, asistencias a cursos y espectáculos públicos, compras de diversos regalos, repostajes de gasolina, e incluso el alquiler de un vehículo para uso personal de uno de los investigados.

Durante la instrucción de la causa, iniciada en 2012 y declarada secreta durante casi dos años, el Juzgado llevó a cabo una labor exhaustiva en colaboración con la Fiscalía Provincial de Zamora y con la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora. Se realizaron diligencias de investigación como entradas y registros para recabar documentación, informes periciales y de la Agencia Tributaria, además de la toma de declaración a los investigados y a más de 50 testigos.

La causa comprende 14 tomos principales y una pieza separada que fue transformada posteriormente en diligencias previas por delitos de estafa, cohecho y falsedad documental, en la que figura como investigado un funcionario de Fomento que también aparece como tal en el procedimiento principal. Respecto a esta pieza, se dictó auto de procedimiento abreviado el pasado 2 de junio contra siete investigados.