18 de junio de 2017
18.06.2017
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El exseminarista que denunció a Ramos Gordón reclama 300.000 euros por daños

F. L. asegura que el vicario judicial le llegó a ofrecer 50.000 euros para compensar los abusos sexuales

18.06.2017 | 12:29
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez (derecha), junto al vicario judicial, Julio Alonso, en febrero pasado acuden a la comparecencia ante la prensa en la sede episcopal para hablar del caso de pederastia

Un año después de la sentencia eclesiástica que apartó al sacerdote José Manuel Ramos Gordón de sus labores parroquiales por un delito de pederastia, la víctima y denunciante de los hechos, F. L., ha presentado, ante el Tribunal Eclesiástico de Astorga, un segundo escrito de reclamación de indemnización por daños y perjuicios, cuya cantidad se establece en 300.000 euros.

Una cuantía fijada "atendiendo a la duración de los abusos, su intensidad, la ausencia de medida alguna para evitar su continuidad y las secuelas psicológicas, a día de hoy no superadas en su totalidad". F. L. argumenta que los daños sufridos por los abusos sexuales "no son solo físicos, sino también psicológicos y perduran para toda la vida".

Tras la falta de respuesta del Obispado de Astorga a la primera solicitud, en septiembre de 2016, F. L. incide un "reparación justa" a los daños causados por el sacerdote leonés y ex párroco de Tábara por abusar de él y su hermano gemelo cuando estudiaban en el seminario menor de La Bañeza. La reclamación se basa además en manifestaciones expresadas por el instructor, el vicario judicial Julio Alonso, a lo largo del proceso abierto a instancias de la Santa Sede, planteando a la víctima la posibilidad de una reparación económica por el daño que se le causó.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el 13 de julio de 2015 el vicario judicial explicó a F. L que la instrucción abierta contra el sacerdote por abuso de menores en el curso 1988-89. cuando era educador en el seminario de La Bañeza, tenía una doble vía. "Haremos lo que se pueda y esperemos que el proceso sea satisfactorio. Son dos procedimientos distintos, uno es el de castigar ese delito y otro es el de reparar el daño. Y sobre eso nos tienes que decir algo; cómo puede la iglesia asumir, aunque sea subsidiariamente, o cómo tiene que asumir José Manuel el daño que os ha causado. Iremos viéndolo". En el escrito dirigido personalmente a Julio Alonso, F. L. alude a la "grabación que he reescuchado, donde usted mismo reconoce que es necesario y legalmente posible, establecer indemnizaciones reparadoras de los daños sufridos".

En otro encuentro de la víctima con el vicario judicial y el notario del caso, el 5 de octubre de 2015, Alonso le pregunta cómo puede ser "restablecida la justicia, castigado el imputado y reparados los daños causados". El denunciante respondió: "El castigo del imputado, el que la Iglesia determine. Y en cuanto a la reparación del daño, creo que es irreparable el daño causado. Creo que se puede resarcir como se ha hecho en casos similares en otras partes del mundo". El exseminarista sostiene cómo el vicario llegó a plantear una negociación, en presencia del notario del caso. "¿Si te ofrecemos 50.000 euros te puedes sentir ofendido?". F. L. preguntó si le estaban hablando de una reparación económica. "Los dos me contestaron, "claro". Y ante la insistencia de que pusiera una cantidad, acordamos que la indemnización fuera como en otras partes del mundo".

Estos planteamientos hicieron creer a la víctima del sacerdote pederasta que recibiría una compensación económica por los daños sufridos como ha ocurrido en Irlanda o Estados Unidos, pero la realidad ha sido que "diez meses después" de la primera reclamación "ni ese instructor ni el Tribunal ha realizado notificación alguna a esta parte relativa al citado escrito (de 8 de septiembre de 2016), ni instruido expediente o procedimiento alguno, ni tan siquiera inadmitirlo".

En su única comparecencia pública a raíz de que este diario desvelara la primera sentencia eclesiástica contra un cura por pederastia en Castilla y León, el obispo de Astorga consideró el caso Ramos Gordón como "cerrado". Al ser preguntado por una posible reparación económica, Juan Antonio Menéndez, respondió que "no tengo base legal para poder hacerlo. No hay una sentencia ni civil ni canónica que respalde esto y legalmente no puedo hacerlo, sería por mi parte una malversación de fondos".

Una vez dictada la pena contra Ramos Gordón y en una entrevista con F. L., el propio prelado le explicó que había consultado con la Santa Sede, la Conferencia Episcopal y el abogado de la Diócesis de Astorga y le argumentó que no existía constancia en España de una sentencia civil o canónica que exija indemnización a las diócesis como responsables subsidiarios. Sin embargo F. L. recuerda cómo el propio obispo Juan Antonio Menéndez manifiesta en la carta donde comunica las medidas tomadas contra Ramos Gordón que "es voluntad de Nuestra Santa Madre Iglesia que se repare el daño causado".

Pese a que la Iglesia da por zanjado el caso con la jubilación del sacerdote, la víctima no lo considera cerrado. El exseminarista, que con su denuncia en una carta personal al papa Francisco consiguió la apertura del proceso y que Ramos Gordón admitiera los abusos sexuales y fuera apartado como párroco, está dispuesto a llegar "hasta el final" para conseguir un "resarcimiento de los daños y perjuicios causados", de los que "debe responder" el autor de los mismos, José Manuel Ramos Gordón, "y como responsable civil directa su iglesia, ese Obispado que ha consentido los abusos sin adoptar medida alguna de protección".

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