14 de junio de 2017
14.06.2017
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El Gobierno incrementa el canon por generar energía en las medidas para paliar la sequía

El Gobierno eleva la base imponible por el uso del agua para producir energía

14.06.2017 | 14:38
Un joven pesca en el embalse de Almendra

"La necesidad inmediata de nuevos ingresos" ha llevado al Gobierno presidio por Mariano Rajoy a explotar en mayor grado el manantial del sector eléctrico. En la sequía imperante y en la importancia del agua ha hallado la justificación para incrementar el canon al sector de la luz. De este modo, las medidas adoptadas con urgencia por el Consejo de Ministros para paliar los efectos producidos por la sequía en las cuencas hidrográficas impactan de lleno en las compañías hidroeléctricas con grandes embalses.

El sector cifra en 35 millones de euros la repercusión de la subida del canon de aprovechamiento de aguas por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.  Fuentes del sector consideran que "la medida no tiene sentido, no habiendo déficit tarifario, y estando los Presupuestos Generales en vía de aprobación".

Iberdrola, con sobresalientes embalses y centros de producción en la provincia de Zamora, está entre las más afectada, y en menor medida Endesa.

Medio Ambiente y desarrollo económico

El Gobierno ha recurrido al Real Decreto Ley, que entró en vigor el pasado viernes, para actualizar el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, que eleva desde el 22 por ciento del valor de la base imponible hasta el 25,5 por ciento, dado, según justifica en el propio decreto, "que el tipo actual se revela insuficiente para alcanzar el objetivo de compaginar adecuadamente dos bienes constitucionales: el medio ambiente y el desarrollo económico".

Ese incremento permitirá allegar recursos adicionales con los que reforzar las actuaciones técnicas de medición, análisis, vigilancia y control de los consumos de agua reconocidos en las concesiones, el régimen de cumplimiento de las mismas, el seguimiento de calidad, seguridad y cantidad de las aguas continentales, así como actividades de mejora de la continuidad fluvial, adaptación de las estructuras a la migración de la ictiofauna y transporte de sedimentos, la recuperación del lecho de los cauces y del espacio fluvial, incluyendo los bosques de ribera y la lucha contra especies invasoras que supongan un deterioro del estado del dominio público hidráulico.

El propio Gobierno reconoce "la premura de la iniciativa legislativa" materializada en el presente real decreto-ley, pero apunta que "viene motivada por necesidades estructurales de inaplazable ejecución en la protección, mejora y regeneración de las masas de agua superficial de las cuencas hidrográficas, relacionada a su vez con una actuación legislativa inmediata, que permita aplicar un plan orgánico en el uso y conservación de la cuenca, sin olvidar las actuales condiciones meteorológicas adversas que acentúan esta exigencia".

Los ingresos derivados de la subida del tipo de gravamen, responden a un plan plurianual que concuerda con la necesidad inmediata de mayores ingresos, asociados a una imprescindible mejora en la inversión y dotación de recursos en las cuencas hidrográficas, sin perjuicio de su liquidación posterior en marzo de 2018.

El Gobierno ya percibe los beneficios e los ingresos de la parte proporcional del nuevo tipo de gravamen, que según expresa, permitirá generar desde este mismo momento un mayor volumen de recursos destinados a los organismos de cuenta con cargo a dicha autoliquidación, y, a la par, que pueda ya consignarse en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 la mayor cantidad destinada a actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico, facultando con ello el inicio de
nuevos proyectos.

Este incremento del gravamen a las eléctricas es, según apuntan fuentes del sector, "una nueva carga fiscal para la generación en España", que, precisan, "se asfixia".

El canon se reduce en un 92 por ciento para las instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, y un 90 por ciento para las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo y potencia superior a 50 megavatios.

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